Hay circunstancias que son cíclicas y se dan cada cierto tiempo. Por ejemplo en situaciones de crisis o dificultades económicas
como la actual, muchas empresas y empresarios se ven obligados a declararse en situaciones de insolvencia. Tanto si te has visto afectado por una declaración de insolvencia como si estás barajando la posibilidad de un concurso de acreedores en tu empresa seguro que te interesa conocer las novedades introducidas en nuestro ordenamiento a través del Real Decreto Legislativo 1/2020.

No es una cuestión menor y en cualquier caso deberás estar siempre acompañado y asesorado por un abogado especializado en derecho mercantil y concretamente en derecho concursal. Cualquier compañía que quiera evitar sobresaltos o escenarios no contemplados puede ir preparando su documentación y normativa y así tendrá el camino allanado y evitará problemas tanto a trabajadores como clientes, proveedores… o al menos mitigando los efectos de la declaración.

Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre la realidad de una empresa en concurso de acreedores.

Lo que hay que saber si tu empresa entra en concurso de acreedores

Como hemos dicho anteriormente el nuevo escenario normativo viene dado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. La legislación intenta dar solución al problema con el que se enfrenta una empresa (autónomo, pymes o grandes empresas) cuando tiene problemas de insolvencia y no dispone de liquidez para hacer frente a las deudas pendientes.

El procedimiento jurídico lo que va a intentar es alcanzar acuerdos y solucionar de la mejor manera posible la viabilidad y continuidad de la empresa, evitando por todos los medios a su alcance la quiebra de la misma. Aunque hemos dicho que este proceso puede referirse a autónomos o empresas, hay que señalar que la mayoría de concursos de acreedores solicitados en España son de empresas. En los ocho primeros meses del año 2022 se han declarado en España casi 4000 concursos de acreedores, superando las cifras del año anterior.

Cuando el concurso de acreedores lo solicita la propia empresa ante una previsión de falta de liquidez se denomina concurso voluntario y la ley establece para ello una serie de requisitos en sus artículos 5 y siguientes: plazos de dos meses, hechos conocidos, documentación a aportar, trámites necesarios, representación, poderes…

Si el concurso de acreedores es solicitado por un acreedor o por otras personas legitimadas se denomina concurso necesario. Y en los artículos 13 y siguientes (capítulo IV de la Ley Concursal) se establecen del mismo modo las características que debe contener la solicitud de la declaración así como los documentos o hechos reveladores de la situación de insolvencia de la empresa.

¿Qué significa que tu empresa está en concurso de acreedores?

Como hemos mencionado antes el concurso de acreedores es un instrumento que se aplica cuando el deudor no puede hacer frente a las obligaciones que tiene con los acreedores. O no se prevé que pueda. Y el objetivo del procedimiento judicial no debe ser otro que el de solventar las situaciones de insolvencia y de falta de liquidez.

El efecto más importante que se produce cuando una empresa se declara en concurso de acreedores es que de entrada la empresa dejará de pagar sus deudas. Los acreedores concursales no cobrarán sus créditos, en ese primer momento.

¿Y esto porqué es así?

La ley pretende que todos los acreedores tengan las mismas oportunidades de cobro y que no cobren unos acreedores antes que otros porque fueron más rápidos o porque fueron elegidos de una forma arbitraria por la empresa concursada. Por lo tanto, todos los pagos de las deudas anteriores a la fecha de declaración del concurso se suspenden hasta que en un momento posterior se analizan las deudas, plazos, liquidez…etc y ya se procede a abonar las deudas de la compañía.

Las fases del concurso de acreedores

El procedimiento de concurso de acreedores de una empresa goza de las siguientes fases, a lo largo de su recorrido:

  • Fase preconcursal, en la que se prepara y presenta toda la documentación que solicita la apertura del procedimiento. Es el momento de preparar La Memoria del deudor y de valorar todos los aspectos jurídicos que se van a derivar de la presentación del concurso.
  • Fase común: se nombra administración concursal que tomará posesión del cargo e intervendrá la empresa. Preparará el administrador un documento con la masa activa y pasiva de la empresa, así como la naturaleza de los créditos con terceros (créditos privilegiados, especiales, ordinarios, subordinados….)
  • Fase de convenio se reciben las propuestas de ambas partes con las proposiciones de quita o espera. En las juntas de acreedores se valora la propuesta de convenio antes de presentarla al deudor. La propuesta de Convenio puede incluir quitas, esperas, o ambas. En el caso de las quitas (se permite hasta un 50% de quita y 5 años (hasta cinco años) o ambas.
  • Fase de liquidación. Si no se llega a acuerdo en la fase anterior se abre esta fase que consiste en la venta de los bienes del deudor, para tener liquidez.
  • Fase de calificación: La calificación se realiza para valorar la conducta del concursado para que pueda determinarse si en el estado de insolvencia del deudor, o en su agravamiento, ha habido una actuación negligente de los responsables de la empresa o del propio deudor persona física.

¿Cuánto dura un concurso de acreedores?

Dependerá del tipo de concurso: si es express o si es ordinario. El concurso de acreedores express puede durar de uno a tres meses. Mientras que en los supuestos de concurso ordinario, el procedimiento puede alargarse, y tener una duración mínima un año.

La empresa después del concurso de acreedores

El concurso de acreedores terminará de una de las siguientes maneras:

  • Por pago de la totalidad de los créditos a todos los acreedores.
  • Por haber alcanzado un convenio con los acreedores que permita continuar la actividad de la empresa.
  • Por procederse a la liquidación de la empresa concursada.

Dependerá de en qué fase se termine el concurso:

Cuando se abre un concurso y se aprecia insuficiencia de bienes del deudor: los acreedores cobrarán según orden art. 250 Ley Concursal, aunque no todos. Deudores: se extingue sociedad,
En la fase de liquidación: acreedores ven satisfechas sus deudas. Deudores debe acogerse a un plan de pagos, si es una persona física a la Ley de la segunda oportunidad.
EC Legal es un experto en concurso de acreedores, que se encarga de gestionar todo el proceso desde el primer momento de una manera individualizada y adaptada a las circunstancias del cliente.

Cuando hablamos de derecho penal, penas privativas, faltas o delitos lo más habitual es que se imaginen situaciones en las que hay una persona física detrás de la comisión del delito. Por lo tanto es una persona como tal la responsable de la ilegalidad y por lo tanto la que pagará la multa o cumplirá con el castigo correspondiente.

Aunque es un concepto aún poco conocido en nuestra sociedad, las personas jurídicas sí pueden cometer ciertos delitos y, en consecuencia, que se le impongan penas. Es una situación relativamente reciente por lo que todavía no se conoce bien. Te explicamos aquí todo lo que hay que saber sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español

Vamos a repasar algunos conceptos generales de nuestro ordenamiento jurídico. Para ello es importante saber, ¿Dónde se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

¿Qué es una persona jurídica?

Tal y como establece la Real Academia Española (RAE) una persona jurídica es una institución con personalidad propia e independiente y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creada por las leyes o conforme a lo establecido en las mismas. Se trata de entes que tienen la capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones y que no es una persona física. Su regulación aparece en el Código Civil en los artículos 35 y siguientes. Puede tratarse de instituciones públicas o privadas.

La reforma del Código Penal de 2010

En el año 2010 se produce una reforma en el Código Penal que afecta a la percepción de las personas jurídicas como tal y es que se abre la posibilidad a que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal por la comisión de faltas o delitos.

La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 1 supuso una auténtica revolución en el mundo del Derecho penal de los negocios al introducir, por primera vez en nuestro ordenamiento, un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, hasta entonces limitada a las personas físicas o administradores.

La principal razón que llevó al Consejo de Ministros de septiembre de 2013, para aprobar el Proyecto de reforma del Código Penal, es la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico español a los de los países de nuestro entorno. Además la implementación de un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica permitió a nuestro país cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.

¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas?

En virtud de los principios de seguridad solo se puede castigar a una persona jurídica por los delitos que así lo contemplen en el Código Penal. La reforma del Código Penal introduce 24 posibles delitos en nuestro ordenamiento y que son los siguientes:

  • Tráfico ilegal de órganos (CP art. 156 bis)
  • Trata de seres humanos (CP art. 177 bis)
  • Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (CP art. 189 bis)
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (CP art. 197)
  • Estafas (CP art. 251 bis)
  • Alzamiento de bienes (CP art. 258 ter)
  • Insolvencias punibles (CP art. 261 bis)
  • Daños informáticos (CP art. 264)
  • Delitos contra propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (CP art. 288)
  • Blanqueo de capitales (CP art. 302)
  • Delito contra Hacienda Pública y Seguridad Social (CP art. 310 bis)
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (CP art. 318 bis)
  • Delitos de construcción, edificación y urbanización (CP art. 319)
  • Delitos contra el medio ambiente (CP arts. 327 y 328)
  • Delitos relativos a la energía nuclear (CP art. 343)
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos (CP art. 348)
  • Delitos contra la salud pública (CP art. 369 bis)
  • Falsedad de medios de pago (CP art. 399 bis)
  • Cohecho (CP art. 427)
  • Tráfico de influencias (CP art. 430)
  • Corrupción de funcionario público extranjero (CP art. 445)
  • Delitos de organización (CP art. 570 quarter)
  • Financiación del terrorismo (CP art. 576 bis)
  • Contrabando (Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando).

Requisitos para apreciar responsabilidad penal en las personas jurídicas

Para que surja la responsabilidad penal deben cumplirse los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal. Dicho artículo establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  • De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  • De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Existen dos supuestos de exención de la responsabilidad penal. Vienen establecidos en el artículo 31 bis.2 del Código Penal y en el artículo 31 bis.4. Ambos casos se refieren a supuestos en los que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si el órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión para prevenir esos delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El artículo 31 quater del Código Penal, fija las atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre ellas destaca la confesión previa a procedimiento judicial, la colaboración en la investigación del hecho o la reparación o disminución del daño.

EC Legal tiene amplia experiencia en el sector penal por lo que se encargará de resolver cualquier problema así como de ayudar a las personas jurídicas a implementar políticas de prevención de delitos

Quienes se hayan visto involucrados en un accidente de circulación sin ser culpables del mismo, deben saber que tienen la posibilidad de reclamar una indemnización por daños materiales y/o personales, más allá de las reparaciones que tienen que satisfacer los seguros.

Por indemnización entendemos el resarcimiento o compensación que va a recibir una persona que se ve envuelta en un accidente de tráfico, por culpa de las lesiones personales o materiales, que directa o indirectamente van a perjudicar la economía del sujeto. Por lo tanto, ya tenemos una definición que nos aproxima a esa necesidad de recibir el equivalente al perjuicio sufrido. La situación patrimonial de una persona se ve indudablemente afectada por el accidente, y la indemnización tiene que compensar esa alteración. Restituyendo todo a la situación anterior económica del sujeto. Devolver todo a cómo estaba en el caso de que no se hubiera producido el daño.

Reclamaciones de indemnización por accidente de tráfico

Una de las acciones principales cuando alguien se ve envuelto en un accidente es la celeridad en el inicio de cualquier proceso para el inicio de esas reclamaciones por daños. El tiempo es oro, pero es que además de múltiples y variados trámites burocráticos, cuanto más se dilate el procedimiento, menores son las garantías de éxito por parte de los perjudicados.

¿Cómo se hacen las reclamaciones por accidente de tráfico?

Hemos señalado la necesidad de iniciar el proceso lo más rápido posible, pero también hay que saber que el procedimiento puede complicarse por lo que es importante contar con un abogado especialista, si es posible desde el primer momento. Un buen abogado nos guiará por todo el camino y nos indicará los pasos que hay que ir dando para garantizar el éxito de la reclamación. Los pasos son los siguientes:

  1. En primer lugar hay que recabar los datos e informes necesarios. Aquí se incluyen sobre todo los datos del conductor y del vehículo contrario, pero también cualquier parte o atestados que podamos incorporar. Si se personó alguna autoridad: fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de tráfico, sanitarios… los informes son muy importantes.
  2. Acudir al médico y guardar su valoración. El médico que nos atendió de urgencias debe ser exhaustivo y riguroso en el estudio, ya que en algunos casos las lesiones derivadas de un golpe o accidente no se manifiestan hasta unas horas después de que se haya producido.
  3. Notificar el accidente a la aseguradora. Desde el primer momento que sea posible debemos ponernos en contacto con nuestra compañía aseguradora y comunicarle el accidente para que empiece a realizar los trámites necesarios y se vaya comunicando con la compañía de la otra parte. Entre aseguradoras se entienden mejor y además están familiarizados con estas gestiones. Los sujetos o víctimas de estos accidentes, tanto por los nervios como por la falta de experiencia no son los mejores interlocutores a la hora de discernir las razones exactas que provocaron el accidente.
  4. Valoración de daños. Con la ayuda de un abogado especialista será más fácil definir la valoración exacta de los daños sufridos y la determinación del alcance lógico y objetivo para la reclamación.
  5. Acuerdo de indemnización o demanda civil. En el caso de que se produzca un acuerdo de indemnización es importante incorporarlo al expediente. Si desgraciadamente no se llegara a un pacto, habría que comenzar un proceso o reclamación judicial en el orden civil para esa indemnización. Un buen abogado nos ayudará a ir con paso firme en la reclamación.

¿Qué daños se pueden reclamar?

Conviene saber en este punto que los perjudicados por un accidente de tráfico pueden reclamar tanto los daños personales como los daños sufridos por el vehículo. Pero es que además si por culpa del accidente hemos tenido otros perjuicios añadidos, secuelas y otros daños económicos y patrimoniales, se podrán reclamar igualmente.

Si miramos el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (RDL 8/2004) se clasifica los conceptos indemnizables en dos grupos:

  1. Daños materiales > Se refiere a los sufridos por el vehículo
  2. Daños personales > La persona o personas involucradas en el accidente.

El conductor responsable tiene el deber de indemnizar tanto por los daños materiales como por los personales. Es tal la responsabilidad que llega a extenderse a supuestos en los que incluso se prueba la falta de culpa del conductor y los daños se debieran a un caso fortuito, o una rotura o fallo de los mecanismos del vehículo.

Los plazos para acudir al médico y reclamar indemnización

Como hemos dicho en el presente artículo los plazos son muy importantes y actuar rápido será una garantía de éxito. Por eso es importante conocer los plazos existentes. El abogado nos puede ir indicando los mismos:

– El plazo más importante para poder reclamar una indemnización por lesiones es el existente para que el perjudicado acuda al médico. En este caso el plazo es de 72 horas después del accidente.

Además, los abogados manejan otros plazos para iniciar la reclamación de una indemnización:

– En vía civil, la mayoría de casos, el plazo es de 1 año.

– En vía penal, se corresponde con accidentes muy graves, y con casos de positivos en la prueba de alcoholemia el plazo es de 6 meses.

Si se ha sido víctima de un accidente de tráfico, en EC Legal se ocupan de manera eficaz y rápida de todo el proceso, garantizando siempre una atención única y personal de forma que se consiga la mejor indemnización.

Cuando un empresario no cumple con los requisitos legales o formales o se declara la inexistencia de un motivo que justifique un despido un juez puede declarar como improcedente el mismo. De este primer acercamiento ya tenemos varios puntos importantes sobre el tema. En primer lugar debe ser un juez el que califique un despido como improcedente. En segundo lugar los motivos para que el juez valore como improcedente un despido pueden ser errores formales o errores de calificación o de consideración.

El juez al valorar los hechos y las causas, evaluará si el despido se ajusta o no a Derecho o si las circunstancias que alega el empresario son suficientes y objetivas. Si no se acreditan las causas o no se cumplen las exigencias formales estamos ante un caso de despido improcedente. Es importante conocer la calificación de un despido ya que las indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores varían en función del tipo de despido.

Además en el supuesto de un despido improcedente también es necesario saber que la indemnización va a variar en función del sueldo diario y la antigüedad del trabajador en la empresa.

Indemnizaciones por despido improcedente

Ya hemos hecho mención al hecho de que la legislación española establece que un trabajador solo puede ser despedido en caso de darse ciertas razones objetivas. En caso contrario, podemos encontrarnos ante un despido improcedente. Serán los jueces los encargados de calificar los despidos.

¿Qué es un despido improcedente?

Se consideran como despidos improcedentes aquellos en los que el empresario no justifica como corresponde la decisión de romper de manera unilateral la relación laboral que tiene con un empleado. Serán improcedentes los despidos que no se ajustan a derecho, como pueden ser los injustificados o discriminatorios siempre que así los califique un juez del orden social.

La ley es muy estricta a la hora de fijar causas que permitan a una empresa rescindir unilateralmente un contrato de trabajo con un profesional. Se ha legislado intentando proteger a la figura más vulnerable de la relación que es el trabajador. Cuando no quede acreditado el incumplimiento que se alega para el despido o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales establecidas en un despido disciplinario o en el caso de despido objetivo cuando no se acredite las causas objetivas legalmente procedentes, un juez podrá calificar como improcedente el despido.

Cuando un trabajador recibe una carta de despido y no está de acuerdo deberá presentar una papeleta de conciliación y si no se llega a un acuerdo en el acto de conciliación laboral, se deberá impugnar el despido ante el orden social para ser calificado de improcedente.

Causas del despido improcedente

Ya hemos mencionado que las principales causas que llevan a los jueces a calificar como improcedente un despido son el incumplimiento de las exigencias formales establecidas o la no acreditación de una causa legal procedente en el supuesto de los despidos por causas objetivas.

Cuando quedan acreditadas las causas alegadas por el empresario o la certeza de las causas objetivas estamos ante un caso de despido procedente. En este caso el trabajador hace suya la indemnización de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades que la empresa le entregó en el momento del despido o que deberá exigir en el momento en que sea efectiva la decisión extintiva si el empresario, a consecuencia de su situación económica, no pudo ponerla a su disposición.

Cómo calcular la indemnización por despido improcedente

En el caso de un despido improcedente para calcular la indemnización hay que tener en cuenta el salario diario y la antigüedad del trabajador. Establece la ley que le corresponden 45 días por año trabajado desde que se comenzó a trabajar hasta el 12/02/2012. Con un máximo de 42 mensualidades. A partir de esa fecha, 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

El Juez de lo Social establecerá en la sentencia la opción de readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación y la indemnización a entregarle en el supuesto de que el empresario optara por la no readmisión.

El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá elegir entre una de estas dos opciones.

  1. La readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación, que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
  2. Una indemnización de treinta y tres días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

Cuando en el mencionado plazo de cinco días no se ejercite ninguna opción se entiende que opta por la readmisión del trabajador.

La denuncia por despido improcedente

Respecto a los plazos para denunciar un despido son los siguientes:

  1. El plazo para interponer la papeleta de conciliación es de 20 días hábiles desde el despido.
  2. Fijado el día de la conciliación si no se llega a acuerdo o el empresario no acude a la cita, se dispone del tiempo que reste de ese plazo de 20 días para interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social.
  3. Aun así, puede llegarse a un acuerdo justo antes del comienzo del juicio. Pero es muy importante respetar los plazos y los tiempos para que no haya fallo en los requisitos formales y se puedan perder derechos por este motivo.

EC Legal dispone de los mejores abogados laboralistas en Valencia que se encargarán de llevar todo el proceso de manera eficaz garantizando al trabajador la mejor indemnización posible.

Tras el fallecimiento de un familiar o un ser querido se viven momentos tristes y de homenaje a la persona que nos ha abandonado. El duelo o el dolor no pueden limitar la necesidad de regularizar la situación y ejecutar los trámites correspondientes a la pérdida vivida. Entre las acciones habituales está la lectura del testamento y todo lo relativo a la herencia que vamos a analizar aquí.

Aceptar una herencia no siempre puede salir bien, ya que suelen ir incluidas las deudas y cargas del fallecido, además de la necesidad de liquidar impuestos y otros trámites, por lo que conviene informarse muy bien antes de aceptar o rechazar una herencia. Vamos a explicar aquí las diferentes formas de aceptación y renuncia de una herencia, precisamente para evitar problemas y disgustos adicionales.

La herencia se compone de los bienes y derechos del causante pero también de sus deudas y obligaciones.

Las formas de aceptación y renuncia de la herencia

Cuando fallece una persona se hace un llamamiento a las personas con derechos sucesorios, para que puedan aceptar o rechazar una herencia. Este llamamiento determina mediante la vocación a todos los posibles herederos, mientras que la delación de la herencia obliga a aceptar o rechazar la misma.

La forma y el momento de aceptación y renuncia de la herencia se produce precisamente al verificarse la delación de la herencia, acreditando la certeza de la muerte del causante, mediante los certificados de defunción, últimas voluntades, copia autorizada del último testamento, o en su caso del acta de declaración de heredero.

Los tipos de aceptación de una herencia

La aceptación de una herencia es un acto unilateral, individual, voluntario y libre, mediante el cual una persona llamada a heredar manifiesta su voluntad de aceptar la herencia. Para aceptar una herencia y pasar a ser considerado heredero (no de unos bienes concretos, sino del conjunto de la herencia entendida como caudal hereditario), no se necesita la intervención de los demás coherederos.

La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional o a partes. O se acepta toda la herencia o se rechaza toda la herencia. No se pueden aceptar los bienes y rechazar las deudas.

Establecida esta puntualización veamos las tipologías de aceptación de herencias:

Aceptación de herencia pura y simple:

El heredero, al mismo tiempo que acepta la herencia, se responsabiliza de las deudas y demás cargas de ella, no solo con los bienes de la masa hereditaria, sino con los suyos propios. (art. 1003 Código Civil). Puede ser aceptada de forma tácita o expresa.

En este sentido la jurisprudencia ha entendido como una herencia aceptada de manera tácita, aquella en la que la persona que hereda ha liquidado algún pago derivado de la herencia o ha pagado deudas que formaban parte del conjunto de la herencia. La venta de parte o algunos de los bienes hereditarios por parte de un heredero también se entiende como una aceptación tácita de la herencia pura y simple.

Aceptación de herencia a beneficio de inventario

En este caso los bienes a heredar y los del heredero se constituyen en patrimonios separados y el heredero sólo queda obligado a responder de las cargas y deudas de la herencia con los bienes de esta y hasta donde alcancen.

Por lo tanto este tipo de aceptación tiene efectos limitados ya que el tope de las cargas de la herencia será el valor del conjunto del patrimonio hereditario. Además este tipo de herencia tiene asociados unos costes extra que son los que se incurre para poder tasar y valorar los bienes que integran la masa hereditaria.

Formas de renuncia a una herencia

Del mismo modo que existen distintas formas de aceptar una herencia, existe una clasificación con los tipos de renuncia a la herencia. En este sentido el Art. 1005 del Código Civil establece que a los 9 días del fallecimiento de la persona, cualquier interesado puede requerir a través del notario que acepte o renuncie a la herencia en un plazo breve. La ley determina además un plazo de 30 días naturales para que el heredero diga si acepta o renuncia a la herencia. Si no se manifiesta en esos 30 días, se entiende que la herencia se ha aceptado.

La renuncia pura y simple de la herencia

No implica transmisión del derecho a suceder. La herencia pasa a los parientes del siguiente grado por su propio derecho.

La renuncia traslativa

Consiste en una cesión de los derechos a suceder. Es decir, no es una renuncia propiamente dicha, sino un acto posterior a la aceptación y se tiene por una donación a efectos fiscales

Capacidad para aceptar o repudiar una herencia

El Código Civil establece en el artículo 992 quienes tienen capacidad para aceptar o repudiar una herencia. Así establece que «pueden aceptar o repudiar bienes de una herencia los que tengan la libre disposición de sus bienes».

Además el mismo Código Civil en el apartado 4º del artículo 2 establece que en el caso de un menor sujeto a tutela, «será el tutor el que deberá obtener autorización judicial para aceptar la herencia sin beneficio de inventario o repudiarla en nombre del menor.

En los supuestos de menores sujetos a patria potestad. El Código Civil (Artículo 166) dice que «Los padres deberán tener autorización judicial para repudiar la herencia de sus hijos. Si juez deniega autorización, solo se puede aceptar a beneficio de inventario».

Respecto a los incapacitados, habrá que analizar los límites particulares establecidos por el juez en la sentencia de incapacidad.

Por último hay que señalar que aquellos que se encuentren inmersos en un concurso de acreedores no podrán aceptar ni renunciar a una herencia por sí mismo.

Los abogados expertos en herencias de EC Legal resolverán todas las dudas y tramitarán las sucesiones de la manera más beneficiosa para el cliente. No dejes de contactar y reserva tu cita cuanto antes.

La cancelación de antecedentes policiales

En virtud que la propia Constitución Española nos confiere en su articulado, todos los ciudadanos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. El artículo 18.4 de la norma se encuentra dentro de la regulación que se hace de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y reza así: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.»

En el seno de las investigaciones policiales existen distintas categorías para todas las personas que intervienen a lo largo del proceso. Así se distingue entre supuesto autor, víctima, testigo, denunciado… y su relación con los hechos, salvaguardándose en todos los casos sus derechos y, en particular, garantizándose el derecho a la presunción de inocencia, cuestión ésta que será resuelta por el juez competente.

Hecha esta primera aproximación es importante aclarar que si bien tener antecedentes policiales no es tan problemático como tener antecedentes penales, que veremos más adelante, es importante conocer si se tienen y en caso afirmativo cómo es el proceso para conseguir su cancelación.

Esta es la razón por la que explicamos cómo se cancelan los antecedentes policiales, aunque lo más recomendable para ello es contratar a un abogado penalista que asesore desde el primer momento.

¿Qué son los antecedentes policiales?

Una definición más exacta define los antecedentes policiales como aquellos datos personales recogidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCS) (CNP, GC, Policías Autonómicas y Locales…) para la prevención e investigación de infracciones.

Estos antecedentes policiales se establecen tanto en el Código Penal como infracciones penales o en las normativas u ordenanzas públicas referentes a hechos de carácter administrativo (multas o sanciones) que han dado lugar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a los juzgados o al órgano administrativo correspondiente.

Diferencias entre antecedentes policiales y penales

Una vez que ya hemos visto en qué consisten los antecedentes policiales, hay que distinguirlos de los antecedentes penales, ya que en ocasiones se confunden ambos términos. Los antecedentes penales requieren la comisión de un delito y una sentencia condenatoria por el mismo, dictada por juez competente.

Los antecedentes penales figuran en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, mientras que los antecedentes policiales constan en los ficheros correspondientes a cada Cuerpo donde se tramitan las diligencias iniciales.

¿Cómo saber si se tienen antecedentes policiales?

Para saber si se tienen antecedentes policiales hay que atenerse a lo expuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y a la posibilidad de ejercer los derechos ARCO-POL (acceso, rectificación, cancelación…) de la que ya hablamos en otro artículo recientemente. Ya vimos en su día que el ejercicio de estos derechos es personalísimo e independiente, de tal forma que la solicitud de uno no es requisito para el otro.

¿Cuánto tiempo se tarda en borrar los antecedentes policiales?

Los plazos para la cancelación de antecedentes policiales varían en función del alcance o del supuesto concreto:

  • Si solo identificación, se puede solicitar cancelación inmediatamente.
  • Si hay procedimiento judicial, hay que esperar a su archivo en caso de no ser condenado/ si se es condenado, esperar a cancelación antecedentes penales
  • Si se deriva de expediente sancionador en vía administrativa (multas), hay que acreditar haber cumplido la sanción o haber transcurrido 5 años.

¿Cómo se borran los antecedentes policiales?

  • En primer lugar, debe solicitarse una consulta al fichero de las FCS en cuestión (INTPOL – GC/PERPOL – CNP). En las webs de estos cuerpos se encuentran los formularios para consultar si se tienen antecedentes policiales.
  • En caso de denegación o falta de respuesta se puede recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
  • La cancelación de estos antecedentes se recoge en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
  • Puede ser denegada por motivos de investigación en curso o por protección de derechos y libertades de terceros.

Aspectos prácticos de la supresión de los antecedentes policiales

Tal y como establece nuestro ordenamiento la efectiva supresión de los antecedentes policiales se realizará con arreglo a las siguientes normas:

Supresión de oficio: Para poder realizarse se tienen en cuenta los plazos de prescripción de responsabilidad penal establecidos en el Código Penal.

Supresión a instancia de parte: Se decretará en aquellos casos en que la Autoridad Judicial haya dictado sentencia condenatoria contra el solicitante, siendo preceptiva para llevarse a efecto, la previa supresión de los antecedentes penales derivados de dicha sentencia, en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.

También procederá la supresión: En los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución, sobreseimiento libre o archivo. Asimismo se decretará en los casos en que, aun siendo la sentencia judicial condenatoria, hayan transcurrido cinco años, a contar desde la fecha de remisión definitiva de la pena impuesta, sin que se hayan incorporado nuevos datos desfavorables al expediente personal del solicitante.

Se podrá denegar la solicitud, aun cumplimentados los trámites establecidos en los párrafos anteriores, cuando el certificado de antecedentes penales no sea negativo o esté pendiente de juicio, cuando el solicitante se encuentre cumpliendo el plazo de suspensión de condena impuesta por la Autoridad Judicial o tenga otras responsabilidades pendientes, judiciales o administrativas, cuando tenga antecedentes policiales sin cancelar en alguno de los ficheros de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad.  En la comunicación al interesado, se hará constar los motivos por los que se le deniega, los recursos y plazos que le asisten según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y LOPDP.

 

Sea cual sea la situación lo que está claro es que lo mejor es contactar con un experto que se encargará de solucionar los problemas surgidos durante el procedimiento de borrado. EC Legal cuenta con un equipo de abogados penalistas que asesorarán y analizarán cada caso en concreto para lograr la cancelación definitiva de estos antecedentes.

La famosa Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, más conocida como LOPD, significó para los españoles el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, que inicialmente se denominaron los derechos ARCO. La regulación de la LOPD sobre estos derechos se recoge en el Título III de la propia ley, así como en el mismo título tercero del Reglamento de Desarrollo de dicha ley.

El control de los datos que facilitamos a determinadas páginas o servicios cada vez que nos registramos en un portal de Internet o en una aplicación informática debe ser muy riguroso, ya que normalmente se proporcionan datos de carácter personal, que son utilizados por los responsables de esos servicios y que deben cumplir una serie de garantías.

¿Pero de qué hablamos con los acrónimos ARCO y ARCO-POL?

Los llamados derechos ARCO son aquellos derechos a través de los cuales una persona física puede ejercer el control sobre sus datos personales. Concretamente se refiere a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, cuyas iniciales forman el concepto ARCO. La incorporación de los derechos de Portabilidad, Oposición y Limitación del tratamiento ha dado origen al término ARCOPOL.

Como quiera que el derecho de Cancelación ha sido sustituido por el de supresión, a este conjunto de derechos es también frecuente que se les refiera como los derechos ARSULIPO (Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad y Oposición). La costumbre y el uso en los últimos años determinan, sin embargo, que, dentro del mundo legal, sean conocidos como derechos ARCO o ARCO-POL.

Te explicamos cuáles son los derechos ARCO-POL que ayudan a garantizar la protección de esos datos y controlar el tratamiento que se les da.

Los derechos ARCO-POL

Algunas de las principales características de este conjunto de derechos son las siguientes.

  • La delimitación y el alcance de estos derechos vienen recogidos por la normativa: LOPD 3/2018 de 5 de diciembre y RGPD (Reglamento UE 2016/679)
  • Son una serie de derechos que garantizan el control absoluto de los usuarios sobre el tratamiento que se hace de sus datos personales.
  • Se trata de derechos cuyo ejercicio es personalísimo. Es decir, que sólo pueden ser ejercidos por el titular de los datos, por su representante legal o por un representante acreditado
  • El ejercicio de estos derechos debe poder realizarse de manera sencilla y gratuita por las personas ante el responsable del fichero donde se almacenan y gestionan esos datos personales.
  • Son derechos que están sujetos a plazo para su ejercicio. El legislador ha establecido la necesidad de que las solicitudes de ejercicio de este derecho se respondan en un plazo de un mes o menos.

Cuáles son los derechos ARCO-POL

En un análisis más profundo a este grupo de derechos es importante añadir las principales características de cada derecho, así como los plazos que tienen para su ejercicio.

El derecho de acceso

El derecho de acceso es la facultad que tiene una persona de obtener gratuitamente información sobre el tratamiento de sus datos personales. El responsable de los datos de cada página, servicio o aplicación debe vigilar escrupulosamente la seguridad y el control de los datos conseguidos y almacenados de los usuarios. Este derecho se puede pedir cada seis meses sin coste.

Derecho de rectificación

Este derecho recoge la posibilidad de los usuarios de que se completen sus datos, en el caso de que haya algún error o se hayan registrado datos incompletos. En estos casos el responsable está obligado a bloquear los datos cuando se proceda a la rectificación.

Derecho de oposición

El derecho de oposición recoge el supuesto de que el afectado decida que no se traten sus datos personales o se cese dicho tratamiento.  Un usuario se puede oponer a que el responsable haga un uso o un tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos:

  1. Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles.
  2. Cuando el tratamiento tenga como finalidad acciones de marketing directo, entre los que se incluye igualmente la elaboración de perfiles para el envío de publicidad ajustada.

Esto es así, siempre que no prevalezcan los datos personales sobre dichos intereses.

El derecho a la portabilidad de los datos

Gracias a este derecho, los interesados tienen la posibilidad de solicitar al responsable de tratamiento de sus datos personales que los transmita a otro responsable.

Derecho de olvido o supresión

Es la petición al responsable para que elimine todos los datos personales almacenados de un determinado perfil y no se utilizarán. Para ejercitar este derecho cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

  • Si los datos ya no son necesarios para el fin para los que fueron recogidos
  • Si se retira el consentimiento a la persona a la que se cedieron los datos
  • Si los datos personales se han tratado de manera ilícita
  • Si los datos deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión Europea.
  • Si los datos personales se han obtenido en determinadas circunstancias (Artículo 8.1) referido al tratamiento de datos de los menores en relación con los servicios de la sociedad de la información.
  • Si se ha ejercido el derecho de oposición en alguna de las siguientes circunstancias:
    • El tratamiento de la persona responsable se fundamentaba en el interés legítimo o en el cumplimiento de una misión de interés público.
    • Que los datos sean objeto de mercadotecnia directa

El derecho de limitación

Este derecho limita el uso de los datos de carácter personal a ciertos fines. Existe la posibilidad de solicitar la suspensión del tratamiento de los datos, así como la conservación.

Cómo ejercer los derechos ARCO-POL

Existen una serie de requisitos encaminados a garantizar el ejercicio de estos derechos. Por eso el encargado o responsable de los ficheros que contienen los datos debe informar siempre de los medios para ejercer los derechos. La solicitud del particular se puede pedir por distintos medios, aunque lo habitual es que sea realice por medios electrónicos.

El plazo como vimos antes es de un mes. Si no actúa, el responsable debe informar en ese plazo de las razones por las que no se y de los posibles recursos existentes que se pueden presentar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por último, estos derechos pueden ejercerse directamente o por medio de representante legal.

En EC Legal nos tomamos muy en serio la importancia de la protección de los datos personales y tenemos una gran experiencia en la materia. Confía en los auténticos especialistas para ejercer tus derechos ARCO-POL y para cualquier tipo de asesoramiento en protección de datos.

El divorcio es un proceso emocionalmente doloroso, cuánto más si el mismo se complica con disputas en un procedimiento judicial costoso y eterno. Por ello, es importante que las partes sean capaces de acordar las circunstancias que regirán su nueva situación personal y la de su familia y buscar el asesoramiento legal adecuado para la redacción del convenio regulador de la misma.

Conseguir un divorcio de mutuo acuerdo, simplificará enormemente los trámites y reducirá el tiempo y los costes tanto económicos como emocionales. El divorcio de mutuo acuerdo es la mejor forma de terminar con un matrimonio ya que permite elegir los efectos de la ruptura. Te explicamos en qué consiste.

El divorcio de mutuo acuerdo o amistoso. Diferencias y similitudes con el divorcio contencioso.

La diferencia entre un divorcio contencioso y un divorcio de mutuo acuerdo es que en el primero la demanda de divorcio se presenta por uno de los cónyuges abriéndose un procedimiento en el cual deberá contestar con posterioridad el cónyuge demandado. Asistidos ambos por sus abogados deberán de proponer las medidas que consideren que han de regir la disolución del matrimonio y exponer los motivos que las justifican, las cuales serán objeto de litigio y resolución mediante sentencia en un procedimiento judicial que luego podrá ser recurrido, siendo este un proceso que suele alargarse en el tiempo, con el consecuente coste económico y emocional para las partes.

En el divorcio de mutuo acuerdo los cónyuges presentarán la demanda de divorcio conjuntamente o uno de ellos con el consentimiento del otro y ambas partes deberán por separado ratificarlo ante el juez, sin que sea necesaria la celebración de una vista judicial.

La demanda de divorcio presentada contendrá el convenio regulador con las circunstancias acordadas por ambos cónyuges para regir los efectos del divorcio, redactado por un abogado quién previamente les habrá informado y asesorado debidamente.

En el divorcio de mutuo acuerdo ambos cónyuges podrán compartir el mismo abogado y procurador ahorrando así en costes.

Si buscas abogados especialistas en divorcios de mutuo acuerdo en Valencia, puedes contactar y pedir presupuesto sin compromiso en EC Legal.

En cualquier tipo de divorcio, sea de muto acuerdo o contencioso, será obligatorio contar con el asesoramiento de un abogado que redacte el convenio regulador.

¿Qué debe de contener el Convenio Regulador?

En el convenio regulador se determina el régimen de cuidado de los hijos menores o dependientes si los hubiera en el matrimonio, el uso del domicilio familiar, si debe compensarse económicamente con una pensión a uno de los cónyuges (pensión compensatoria) y el reparto de las cargas comunes con la fijación de la pensión alimenticia en favor de los hijos.

El divorcio supone la disolución no sólo del vínculo conyugal sino también del régimen económico del matrimonio. Ahora bien, la liquidación y el reparto de los bienes comunes podrá llevarse a cabo con posterioridad y de forma separada al procedimiento de divorcio.

A pesar de estas diferencias hay una serie de requisitos que regirán de igual forma cualquiera que sea el procedimiento elegido para concluir con el vínculo matrimonial.

Requisitos para un divorcio de mutuo acuerdo:

 

– No es necesario que se alegue causa justificada para la presentación de la demanda de divorcio.

– El único requisito para la admisión de una demanda de divorcio es que los cónyuges lleven casados como mínimo tres meses antes de su presentación y que, al menos, uno de ellos tenga su residencia en territorio español.

– Será siempre obligatoria la intervención de abogado y procurador.

– Deberá presentarse certificado literal del matrimonio y del nacimiento de los hijos del matrimonio si los hubiera.

– La intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento será obligatoria con independencia del tipo de divorcio si existieran hijos comunes menores o dependientes.

 

Divorcio exprés

Aunque pueden confundirse los términos de divorcio de mutuo acuerdo y divorcio exprés este último es un término que se comenzó a acuñar para hacer referencia al hecho de que, tras la reforma del Código Civil en julio de 2005 por la llamada “Ley del Divorcio Exprés”, se pudiera presentar la demanda de divorcio sin alegar causa alguna y sin necesidad de separación judicial previa.

A partir de dicha reforma con independencia del tipo de procedimiento, divorcio contencioso o divorcio de mutuo acuerdo, basta con que el matrimonio se haya celebrado tres meses antes para que se pueda interponer la demanda de divorcio por cualquiera de los cónyuges. Esto agilizó notoriamente los procedimientos de divorcio al suprimirse la exigencia de la Ley anterior de que existiera previamente un procedimiento de separación legal del matrimonio.

Divorcio de mutuo acuerdo sin hijos

Si no existieran hijos menores de edad ni dependientes en el matrimonio, el divorcio se podrá hacer efectivo mediante el otorgamiento de escritura pública ante Notario o ante el Letrado de la Administración de Justicia. Es decir, no será necesario que un juez revise el procedimiento.

Divorcio de mutuo acuerdo con hijos

Si se trata del divorcio de un matrimonio con hijos menores o dependientes será obligatoria la intervención judicial y además la del Ministerio Fiscal en salvaguarda de los intereses de los menores, para revisar los términos acordados en el convenio regulador en cuanto a los mismos, aún cuando haya acuerdo entre los progenitores.

Ventajas de un divorcio de mutuo acuerdo:

– Es un proceso más rápido y sencillo, donde se reducen o eliminan los trámites y la documentación.

– Se evita tener una vista judicial.

– Es más barato ya que ambos cónyuges pueden estar representados por el mismo procurador y abogado.

– Si no hay hijos comunes menores o dependientes puede acudirse al divorcio notarial.

Costes del divorcio de mutuo acuerdo

Cuando el divorcio es de mutuo acuerdo los costes se reducen mucho respecto al divorcio contencioso ya que el hecho de poder compartir los cónyuges el abogado y procurador implica, ya de entrada una reducción del cincuenta por ciento de los gastos, siendo además menos elevados los aranceles al tratarse solo de la redacción y presentación de un convenio regulador y no requerirse la celebración de un juicio.

En cualquier caso, y como se ha expuesto, será necesaria la asistencia y asesoramiento de un abogado. Lo mejor es siempre contactar con abogados expertos y especializados en divorcios de mutuo acuerdo como los de EC Legal para que se encarguen desde el primer momento de todo lo necesario y con todas las garantías.