La nueva Ley de Familias está en la recta final para su entrada en vigor y que supondrá un gran cambio, especialmente en la mejora de derechos sociales, permisos retribuidos y ayudas. Es por eso por lo que te explicamos a continuación todas sus novedades.

Nuevos permisos y ayudas con la nueva Ley de Familias de 2023

El anteproyecto de la nueva Ley de Familias ofrece un nuevo elenco de ayudas y permisos a trabajadores y familias. Si bien aún no ha entrado en vigor, te explicamos a continuación lo que cambiaría con su aprobación.

¿Qué es la Ley de Familias?

La Ley de Familias es la normativa orientada a mejorar la conciliación familiar y laboral de los trabajadores en España. Este texto normativo ha sido desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Otra definición se refiere a la Lay de Familias como el conjunto de leyes que regula las relaciones familiares y los derechos y obligaciones de los miembros de una familia. Puede incluir disposiciones sobre matrimonio, adopción, patria potestad, alimentos, divorcio, entre otros temas relacionados con la familia.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Familias?

Justo antes de que terminara el año el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Familias. Concretamente el anteproyecto se aprobó el 13 de diciembre de 2022 y se
acordó su tramitación administrativa de manera urgente.

Esto supone que se acortan los plazos a la mitad y que el procedimiento puede continuar si no se emiten los informes en plazo. Así, se prevé su entrada en vigor para enero 2023.

Las novedades de la nueva Ley de Familias

Estas son las principales novedades sobre nuestro ordenamiento que incorpora la nueva Ley de Familias:

Ayuda de 100 € para madres trabajadoras y en paro

La denominada renta crianza para las madres con hijos de 0 a 3 años trabajadoras se ve
ampliada también a aquellas madres que se encuentren con hijos de 0-3 años y estén en situación de paro o con únicamente 30 días cotizados.

¿Cómo solicitar la ayuda de 100 € para madres trabajadoras?

Para solicitar la ayuda mensual de 100 euros por hijo, recogida en la nueva Ley de Familias, se debe rellenar el modelo 140, que está disponible en la web de la Agencia Tributaria. Para completar el formulario, tanto el solicitante como los menores de 3 años deben tener un NIF.

¿Quiénes pueden pedir la ayuda?

Las personas que pueden percibir la ayuda son las mujeres con hijos menores de tres años.
Si ambos progenitores son del mismo sexo, los dos tendrán derecho.
El padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre.
El padre o tutor cuando la guarda y custodia completa.

Nuevos permisos retribuidos y no retribuidos

● Un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado
o un conviviente.
● Derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o
accidente- hasta 4 días retribuidos.
● Un nuevo permiso para padres y madres de ocho semanas, que podrá disfrutarse de
forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años.
● Reconoce un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos.
● Derecho a la atención temprana para menores de 6 años con trastorno de desarrollo.

Nuevo concepto de familia numerosa

– El concepto de familia numerosa pasará a denominarse “Ley de Protección a las Familias
con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza”.
– Así, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el objeto de regulación abarcará también
las familias monoparentales, las familias con padres con discapacidad, etc.
– Habría que explicar lo que se entiende ahora por familia numerosa y las nuevas categorías
que habrá con la nueva Ley.

EC Legal se encargará de proteger todos los intereses de sus clientes garantizando el disfrute de todos los nuevos permisos permisos y derechos que entrarán en vigor con la nueva Ley, así como se preocupará de asesorar en todo el proceso de solicitud de ayudas y subsidios que en ella se reconocen.

 

Cuando una persona fallece sus bienes pasan a sus familiares más cercanos. No obstante, la mejor forma de dejar atadas las obligaciones y bienes es a través de un testamento. Es por eso por lo que te explicamos aquí todo lo que hay que saber sobre herencias con testamento.

La herencia testamentaria en España

Antes de nada hay que situar el término jurídico. El testamento es un documento donde una persona dispone para después de su muerte sus bienes, que comúnmente se conocen como herencia. Ya vimos anteriormente que las herencias se pueden aceptar o rechazar.

En España, las principales características del testamento son las siguientes:

  • Es un acto voluntario. El testador debe hacerlo libremente y sin coacción.
  • Es un acto personal. El testamento solo puede ser redactado y otorgado por la persona que quiere disponer de sus bienes.
  • Debe ser escrito. El testamento debe estar redactado por escrito y firmado por el testador.
  • Puede ser abierto o cerrado. Puede ser redactado ante notario (testamento público) o no ser redactado ante notario (testamento ológrafo).
  • Es revocable. El testamento puede ser revocado o modificado en cualquier momento por el testador.
  • La capacidad para testar. La capacidad para testar es la misma que la capacidad para realizar actos de ultima voluntad y requiere que tengas uso de razón y que estés en pleno uso de tus facultades mentales, sin ninguna restricción legal.

Aunque en este pequeño repaso a las características de un testamento ya se han adelantado, hay que señalar que el Código Civil regula los testamentos en los siguientes artículos:

  • Artículo 678 a 712: Establece las normas generales sobre los testamentos, incluyendo las formalidades necesarias para la validez de un testamento, las causas de nulidad de un testamento, y las disposiciones sobre la apertura y cierre de testamentos.
  • Artículo 713 a 723: Regula el testamento abierto, estableciendo los requisitos y formalidades necesarias para su validez, así como las disposiciones sobre la lectura y la entrega del testamento al beneficiario.
  • Artículo 724 a 729: Regula el testamento cerrado, estableciendo las formalidades necesarias para su validez, así como las disposiciones sobre la apertura y el contenido del testamento.
  • Artículo 730 a 734: Regula el testamento ológrafo, estableciendo las formalidades necesarias para su validez, así como las disposiciones sobre la autenticidad del testamento.
  • Artículo 735 a 738: Regula el testamento verbal, estableciendo las formalidades necesarias para su validez, así como las disposiciones sobre la prueba del testamento.
  • Artículo 739 y 740: Regulan el testamento militar, que tiene ciertas particularidades.

Las clases de testamentos

Según el Código Civil español, existen varios tipos de testamentos, entre ellos:

  • Testamento abierto: Es aquel en el que el testamento es redactado, firmado y leído en presencia de un notario y de testigos.
  • Testamento cerrado: Es aquel en el que el testamento es redactado y firmado por el testador, pero no es leído en presencia del notario ni de los testigos. El testamento es luego sellado y depositado en un lugar seguro.
  • Testamento ológrafo: Es aquel en el que el testamento es escrito y firmado de puño y letra por el testador. Es considerado válido siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como que el testamento sea datado y firmado, y que no presente enmendaduras o tachaduras.
  • Testamento verbal: Es aquel en el que el testamento es dictado verbalmente por el testador en presencia de un notario y testigos, sin ser escrito.
  • Testamento militar: Es aquel que es realizado por un militar en servicio activo, y tiene ciertas particularidades.

Es importante mencionar que existen además de estas clases de testamento algunos que son específicos a algunas regiones de España que aplican derechos forales, como los testamentos singulares en Cataluña, el testamento gótico en Navarra o el testamento en el País Vasco.

Por su importancia veremos en detalle algunos de estos tipos de testamentos.

El testamento ológrafo

Se trata del testamento redactado a mano y firmado por el testador. Debe contener fecha y firma del momento de otorgarlo. Solo puede otorgarlo una persona mayor de edad, siendo el único testamento que obliga a cumplir con este requisito. Tiene una serie de requisitos adicionales:

  • Cinco años de validez
  • 10 días para su presentación
  • Necesidad de apertura del testamento por el juez

El testamento notarial cerrado

Es un tipo de testamento notarial que se presenta ante un notario. La persona testadora entrega en un sobre cerrado al notario sus últimas voluntades escritas y firmadas por él mismo. Solo puede abrirse después de su fallecimiento. Este testamento tiene una serie de requisitos y limitaciones.

El testamento abierto

¿Qué es un testamento abierto? Es el tipo de testamento más utilizado y es aquel en el que el testamento es redactado, firmado y leído en presencia de un notario y de testigos. También llamado testamento notarial abierto pues el notario redacta lo que manifiesta el testador oralmente. En caso de peligro de muerte inminente puede otorgarse ante cinco testigos, o en caso de epidemia ante tres testigos idóneos. Estos testamentos abiertos extraordinarios pierden validez dos meses después de finalizar las causas que los motivaron.

Requisitos y límites de los testamentos notariales

En cuanto a los requisitos los testamentos notariales tienen las siguientes características:

  • El testador debe ser mayor de edad y tener capacidad para testar.
  • El testamento debe ser redactado, firmado y leído en presencia de un notario y de dos testigos.
  • El testamento debe contener las disposiciones testamentarias, es decir, las disposiciones sobre la sucesión y la distribución de los bienes del testador.
  • El testamento debe estar fechado y firmado.

Los límites que establece el ordenamiento a estos testamentos son:

  • El testamento no puede contener disposiciones contrarias a las leyes, a la moral o al orden público.
  • El testador no puede disponer de bienes ajenos, ni de bienes de los que no sea propietario o que no tenga derecho a disponer.
  • El testador no puede obligar a los herederos a cumplir condiciones que no sean permitidas por la ley.
  • El testador no puede disponer de forma que afecte a derechos adquiridos por terceros, como usufructos, prenda u hipoteca.
  • El testamento notarial no tiene validez sobre los derechos de la legítima, que son aquellos derechos que tienen los herederos forzosos a una porción de los bienes del testador.

Los testamentos especiales

Dentro de los denominados testamentos especiales, como hemos visto, están los testamentos militares, testamentos marítimos y los testamentos realizados en un país extranjero.

Los abogados expertos en herencias de EC Legal resolverán todas las dudas y te asesorarán para la redacción del testamento más acorde con las necesidades de los clientes. Del mismo modo, ayudarán a los herederos a la hora de la aceptación o renuncia de la herencia.

En las grandes ciudades de España como Madrid, Barcelona o Valencia cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda de alquiler a buen precio y que cuente con una correcta adecuación o cumpla con las características deseadas por quienes se embarcan a la caza y captura de un nuevo hogar. El mercado de las viviendas en alquiler atraviesa un momento muy peculiar o complicado, ya que muchos de los inmuebles han salido de la oferta habitual seducidos por la mayor rentabilidad o el movimiento del llamado turismo vacacional.

Esta particular situación hace que quién haya encontrado con una buena vivienda no quiera desprenderse de ella. Pero hay que saber que en muchas ocasiones no es posible quedarse en la misma vivienda de alquiler todo el tiempo que uno desea. Por lo que explicamos a continuación que es la rescisión de un contrato de alquiler y cómo y quién puede hacerlo.

La rescisión del contrato de alquiler de una vivienda

La rescisión de cualquier tipo de contrato es el proceso por el cual se acuerda la finalización de la relación contractual y por tanto de las obligaciones para las partes involucradas. Lo habitual es que un contrato se rescinda de mutuo acuerdo entre las partes en cualquier momento de la ejecución del contrato, pero también se puede rescindir de manera unilateral o por decisión judicial al término de un proceso judicial.

En el caso de la rescisión del contrato de alquiler de una vivienda, mediante este proceso se pone fin a las obligaciones y derechos de las partes. Conozcamos a los dos principales actores de los contratos de alquiler de una vivienda.

¿Quién es el arrendador y quién el arrendatario?

En el contrato de alquiler de una vivienda intervienen dos sujetos: el arrendador y el arrendatario. Surgen para ambos de dicho contrato una serie de derechos y de obligaciones. ¿Pero sabemos quién es cada uno?

El arrendador es el propietario legítimo de la vivienda. Aquél que tiene la propiedad del bien inmueble y lo saca al mercado para obtener cierto rendimiento económico a su bien. El arrendatario es el sujeto que alquila la vivienda y que va a vivir en la misma, también se le conoce con el término inquilino. Arrendador y arrendatario llegan a un acuerdo por el cual uno cede el uso de la vivienda a cambio de una cuota económica periódica.

El contrato de arrendamiento o de alquiler de una vivienda también tiene su origen en el derecho romano y es un contrato mediante el cual las dos partes (arrendador y arrendatario) se obligan de manera recíproca y por un tiempo determinado la cesión de un inmueble obligando al inquilino a pagar un precio cierto o renta. Los contratos de alquiler tienen una regulación en el ordenamiento español que establece condiciones, validez, duración… y extinción o rescisión.

La rescisión del contrato de alquiler por parte del inquilino

El desistimiento de un contrato de alquiler es la posibilidad de rescindir el contrato de alquiler de manera anticipada. Se encuentra recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en su artículo 11: «El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización

En ese artículo sobre el desistimiento la ley fija dos requisitos:

  • Que se hayan consumido al menos seis meses de contrato. Este requisito de los 6 meses es solo para el primer año de contrato.
  • Preaviso de al menos 30 días por parte del inquilino. Esto supone que si no se hace, habrá que pagar al arrendador esos 30 días siguientes.

No cumplir estos requisitos deriva en un incumplimiento de contrato que lleva aparejada una indemnización para el arrendador.

La rescisión del contrato de alquiler por parte del propietario

El propietario solo puede rescindir el contrato antes del tiempo previsto en el contrato por las siguientes razones:

  • Si se ha producido un impago de las rentas, un impago de la fianza o sus actualizaciones, ha detectado la existencia de subarriendos o cesiones no permitidas, cuando se ocasionen daños u obras no permitidas, cuando se realicen actividades nocivas, insalubres, peligrosas… etc.
  • También se puede dar la rescisión en el caso de que el dueño necesite la casa para habitar en ella. En este caso, debe haber transcurrido un año desde que se inició la relación arrendaticia y notificarlo con dos meses de antelación.

Si se debe a las causas anteriores, como el impago, el arrendador puede comunicar de manera inmediata que se rescinde el contrato. Si el inquilino se niega, en cualquier caso, se podría iniciar procedimiento judicial para el desahucio.

La devolución de la fianza del alquiler

Una vez finalizado el contrato de arrendamiento y se devuelve el piso en buen estado y con todas las facturas pagadas el arrendador tiene 30 días para devolver la fianza después de la devolución de llaves.

Si el arrendatario incumple el contrato (se dice incumple, no que desiste), o no ha pagado los suministros o hay desperfectos, no hay que devolver la fianza que se usará para subsanar lo que corresponda.

EC Legal es experto en materia arrendataria, por lo que se encargará de la confección de contratos de arrendamientos, asesoramiento integral en relación al desistimiento o incumplimientos de contrato de alquiler, así como de la devolución de las fianzas.

El adiós de un ser querido no es un trance agradable para nadie. En el caso de los matrimonios muchas veces la pérdida puede significar además la pérdida de la capacidad económica del viudo o viuda. Para evitar esas situaciones surgió la figura de la pensión de viudedad. Una protección con unos antecedentes históricos muy llamativos, que nos situarán en los derechos y en las características actuales.

Origen de la pensión de viudedad

Cuando uno se inicia en el estudio del derecho, se da cuenta de la importancia de una asignatura que aparece en el programa en los primeros cursos. Dicha materia es Derecho Romano. Y es que a la cultura romana debemos gran parte del origen y la explicación de muchas de las situaciones y regulaciones de nuestro ordenamiento.

En tiempos de los romanos ya se protegía a las viudas y a los huérfanos. Los Collegia y Sodalitia eran dos asociaciones que asignaban ciertas cantidades para las personas que perdieron a sus familiares y vieron reducidos los recursos o las capacidades económicas. Durante la Edad Media, fue la Iglesia y las mutualidades las que gestionaron todo el tema de las ayudas para esas personas desprotegidas.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 41 ya establece a los poderes públicos la obligación de «mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad...». En el caso del fallecimiento de la pareja trabajadora está clara esa disminución de los recursos familiares.

Previamente en 1955 ya se recogió la pensión de viudedad aunque con unos requisitos muy exigentes que dejaban fuera de protección a un buen número de viudas. Para poder cobrar toda la prestación la viuda debía tener mínimo 65 años en el momento de la muerte de su marido y haber contraído matrimonio con el fallecido al menos 10 años antes. Una decada más tarde la pensión de viudedad se establece ya como un derecho pleno, aunque siguen existiendo una serie de requisitos.

Recientemente se aumentó el porcentaje aplicable a la base reguladora al 60%, estableciendo que puede llegar al 70% en determinadas circunstancias. Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre la pensión de viudedad y los requisitos para acceder a ella.

Los requisitos para cobrar la pensión de viudedad en 2022

La pensión de viudedad es una pensión contributiva, que tiene por objeto proteger la situación de necesidad económica ocasionada por el fallecimiento de la persona que origina la prestación.

Los beneficiarios de esta pensión son aquellas personas que han tenido vínculo matrimonial o han sido pareja de hecho del fallecido: cónyuges, separados, divorciados e incluso personas cuyo matrimonio fue declarado nulo y las parejas de hecho en el momento del fallecimiento, todas pueden llegar a ser beneficiarios de la pensión si cumplen una serie de características o requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de viudedad?

Veamos cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de viudedad tanto por parte del cónyuge superviviente como por el lado del fallecido.

Requisitos que debe cumplir el cónyuge superviviente

Para acceder a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente deberá acreditar uno de los siguientes requisitos:

  • Que existan hijos comunes.
  • Que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial, cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

Cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, podrá acceder a una prestación temporal de viudedad, siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos.

Estos requisitos se pueden resumir en que podrán acceder a la pensión los mayores de 65 años de edad que no perciban otra pensión pública, no cuentan con ingresos propios, ni cuentan con otras rentas. Estas personas pueden acceder al 60%. Además, deben demostrar no tener ningún tipo de actividad económica que supere los 7.569,00 euros/año. Existen otra serie de requisitos que varían en función de la fecha de fallecimiento.

Requisitos para generar la pensión de viudedad

Nos referimos aquí a los requisitos que debe cumplir el fallecido para generar el derecho o pensión en su pareja. Las personas fallecidas deben reunir ciertas características en el momento de su muerte. Las características exigidas para generar pensión de viudedad, varían en función de la situación del trabajador. A modo resumen:

  1. Las personas integradas en el Régimen General de Seguridad Social, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan el período mínimo de cotización exigido. Cuando la muerte se debe a enfermedades comunes este período es de 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si el causante se encontrase en situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar. Si el fallecimiento fuera por accidente (laboral o no) o por enfermedad profesional, no se exige ningún período previo de cotización.
  2. Las personas que, en la fecha del fallecimiento, «no se encuentren» en alta o en situación asimilada a la de alta, causarán derecho a pensión siempre que reúnan un período mínimo de cotización de 15 años.
  3. Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el período de cotización que, en su caso, esté establecido.
  4. Los pensionistas de jubilación en su modalidad contributiva.
  5. Los pensionistas de incapacidad permanente.
  6. Los trabajadores que hubieran cesado en su trabajo con derecho a pensión de jubilación en su modalidad contributiva y falleciesen sin haberla solicitado.
  7. Los trabajadores desaparecidos con ocasión de un accidente, sea o no laboral, en circunstancias que hagan presumible su muerte.
  8. Los trabajadores con derecho a pensión por incapacidad permanente total que optaron por la indemnización especial a tanto alzado a favor de los menores de 60 años.

La pensión de viudedad tras el divorcio y segundas nupcias

La ley establece qué sucede con la pensión de viudedad en caso de divorcio, segundas nupcias, matrimonio nulo e incluso víctimas de violencia de género…. y otra serie de circunstancias personales. Dependiendo de la fecha del fallecimiento o de la separación el acceso a la pensión de viudedad exige una serie de requisitos, que conviene analizar.

El cálculo de la pensión de viudedad

La prestación económica que se recibe por pensión de viudedad es, por norma general, del 60% de la base reguladora que correspondería al causante de la pensión. Esta cuantía se puede ampliar al 70 % de la base reguladora siempre que se cumplan unos requisitos que habría que poner.

EC Legal es experto en la presentación de solicitudes de pensión de viudedad, asesoramiento y la realización de los trámites necesarios para obtener la mayor paga posible. En el caso de que te enfrentes a la necesidad de reclamar el pago de tu pensión, te invitamos a que consultes tu situación concreta con nuestros abogados expertos en la materia.

La nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley del sí es sí, ha sido aprobada en el Congreso. Te explicamos aquí todas sus novedades.

Se ha aprobado en el Congreso la Ley del Sí es Sí que supondrá muchos cambios tanto en materia penal como en otras áreas del Derecho. Es por eso por lo que explicamos a continuación todas las novedades que surgen con esta nueva Ley Orgánica.

Qué novedades aporta la nueva Ley de Sí es Sí

Esta ley tiene su origen en el Caso la Manada que pasó en Pamplona hace varios años, pero tras la cual ha habido varios casos similares y la sociedad está preocupada. El nombre de la ley es Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Se prevé que la ley de sí es sí entre en vigor antes de fin de año, cuando cumpla con los diferentes trámites de aprobación.

El consentimiento: eje fundamental de la Ley

Es precisamente el consentimiento el eje fundamental de la ley y lo que da nombre a la ley. La confimarción de un consentimiento antes de cualquier relación sexual. La ley da un definición de ese consentimiento y todo lo que quede fuera de él será considerado agresión sexual.

El abuso sexual desaparece como delito

Otra de las novedades de la ley es que se elimina la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, tanto para adultos como para menores de edad. Así cualquier acto sexual sin consentimiento será considerado agresión sexual.

La sumisión química y otras agravantes

La ley mantiene agravantes como la actuación grupal o que medie violencia o intimidación e introduce algunas novedades dentro de las agravantes como son el uso de fármacos y/o productos químicos o que la mujer sea o haya sido esposa o tenga o hubiera tenido relación análoga de afectividad.

El acoso sexual callejero pasa a estar penado

Uno de los aspectos más polémicos de la ley es el hecho de que los piropos callejeros que causen a la víctima una situación objetivamente humillante hostil o intimidatoria será considerado delito leve. Estos solo serán perseguibles a instancia de la víctima. Y las penas son de localización permanente de 5 a 30 días en domicilio diferente y alejado de la víctima o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses.

Novedades sobre la “violencia sexual digital”

La ley prohíbe la publicidad pornográfica. Se castigará no solo la difusión de vídeos o fotos íntimos, sino también la redifusión de los mismo.

Nuevos apoyos y ayudas para las víctimas

En materia de extranjería: la mujer en situación administrativa irregular que haya sido víctima de violencia sexual tendrá derecho a permiso de residencia y trabajo. Se prevén ayudas económicas para víctimas de delitos sexuales que ganen menos del salario mínimo, así como prioridad de acceso a viviendas públicas.

EC Legal como despacho de abogados en Valencia experto en delitos sexuales, garantiza una dedicación individualizada y minuciosa a las víctimas de agresiones sexuales. Si tienes cualquier duda o consulta no dejes de ponerte en contacto con nosotros.

Hay circunstancias que son cíclicas y se dan cada cierto tiempo. Por ejemplo en situaciones de crisis o dificultades económicas
como la actual, muchas empresas y empresarios se ven obligados a declararse en situaciones de insolvencia. Tanto si te has visto afectado por una declaración de insolvencia como si estás barajando la posibilidad de un concurso de acreedores en tu empresa seguro que te interesa conocer las novedades introducidas en nuestro ordenamiento a través del Real Decreto Legislativo 1/2020.

No es una cuestión menor y en cualquier caso deberás estar siempre acompañado y asesorado por un abogado especializado en derecho mercantil y concretamente en derecho concursal. Cualquier compañía que quiera evitar sobresaltos o escenarios no contemplados puede ir preparando su documentación y normativa y así tendrá el camino allanado y evitará problemas tanto a trabajadores como clientes, proveedores… o al menos mitigando los efectos de la declaración.

Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre la realidad de una empresa en concurso de acreedores.

Lo que hay que saber si tu empresa entra en concurso de acreedores

Como hemos dicho anteriormente el nuevo escenario normativo viene dado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. La legislación intenta dar solución al problema con el que se enfrenta una empresa (autónomo, pymes o grandes empresas) cuando tiene problemas de insolvencia y no dispone de liquidez para hacer frente a las deudas pendientes.

El procedimiento jurídico lo que va a intentar es alcanzar acuerdos y solucionar de la mejor manera posible la viabilidad y continuidad de la empresa, evitando por todos los medios a su alcance la quiebra de la misma. Aunque hemos dicho que este proceso puede referirse a autónomos o empresas, hay que señalar que la mayoría de concursos de acreedores solicitados en España son de empresas. En los ocho primeros meses del año 2022 se han declarado en España casi 4000 concursos de acreedores, superando las cifras del año anterior.

Cuando el concurso de acreedores lo solicita la propia empresa ante una previsión de falta de liquidez se denomina concurso voluntario y la ley establece para ello una serie de requisitos en sus artículos 5 y siguientes: plazos de dos meses, hechos conocidos, documentación a aportar, trámites necesarios, representación, poderes…

Si el concurso de acreedores es solicitado por un acreedor o por otras personas legitimadas se denomina concurso necesario. Y en los artículos 13 y siguientes (capítulo IV de la Ley Concursal) se establecen del mismo modo las características que debe contener la solicitud de la declaración así como los documentos o hechos reveladores de la situación de insolvencia de la empresa.

¿Qué significa que tu empresa está en concurso de acreedores?

Como hemos mencionado antes el concurso de acreedores es un instrumento que se aplica cuando el deudor no puede hacer frente a las obligaciones que tiene con los acreedores. O no se prevé que pueda. Y el objetivo del procedimiento judicial no debe ser otro que el de solventar las situaciones de insolvencia y de falta de liquidez.

El efecto más importante que se produce cuando una empresa se declara en concurso de acreedores es que de entrada la empresa dejará de pagar sus deudas. Los acreedores concursales no cobrarán sus créditos, en ese primer momento.

¿Y esto porqué es así?

La ley pretende que todos los acreedores tengan las mismas oportunidades de cobro y que no cobren unos acreedores antes que otros porque fueron más rápidos o porque fueron elegidos de una forma arbitraria por la empresa concursada. Por lo tanto, todos los pagos de las deudas anteriores a la fecha de declaración del concurso se suspenden hasta que en un momento posterior se analizan las deudas, plazos, liquidez…etc y ya se procede a abonar las deudas de la compañía.

Las fases del concurso de acreedores

El procedimiento de concurso de acreedores de una empresa goza de las siguientes fases, a lo largo de su recorrido:

  • Fase preconcursal, en la que se prepara y presenta toda la documentación que solicita la apertura del procedimiento. Es el momento de preparar La Memoria del deudor y de valorar todos los aspectos jurídicos que se van a derivar de la presentación del concurso.
  • Fase común: se nombra administración concursal que tomará posesión del cargo e intervendrá la empresa. Preparará el administrador un documento con la masa activa y pasiva de la empresa, así como la naturaleza de los créditos con terceros (créditos privilegiados, especiales, ordinarios, subordinados….)
  • Fase de convenio se reciben las propuestas de ambas partes con las proposiciones de quita o espera. En las juntas de acreedores se valora la propuesta de convenio antes de presentarla al deudor. La propuesta de Convenio puede incluir quitas, esperas, o ambas. En el caso de las quitas (se permite hasta un 50% de quita y 5 años (hasta cinco años) o ambas.
  • Fase de liquidación. Si no se llega a acuerdo en la fase anterior se abre esta fase que consiste en la venta de los bienes del deudor, para tener liquidez.
  • Fase de calificación: La calificación se realiza para valorar la conducta del concursado para que pueda determinarse si en el estado de insolvencia del deudor, o en su agravamiento, ha habido una actuación negligente de los responsables de la empresa o del propio deudor persona física.

¿Cuánto dura un concurso de acreedores?

Dependerá del tipo de concurso: si es express o si es ordinario. El concurso de acreedores express puede durar de uno a tres meses. Mientras que en los supuestos de concurso ordinario, el procedimiento puede alargarse, y tener una duración mínima un año.

La empresa después del concurso de acreedores

El concurso de acreedores terminará de una de las siguientes maneras:

  • Por pago de la totalidad de los créditos a todos los acreedores.
  • Por haber alcanzado un convenio con los acreedores que permita continuar la actividad de la empresa.
  • Por procederse a la liquidación de la empresa concursada.

Dependerá de en qué fase se termine el concurso:

Cuando se abre un concurso y se aprecia insuficiencia de bienes del deudor: los acreedores cobrarán según orden art. 250 Ley Concursal, aunque no todos. Deudores: se extingue sociedad,
En la fase de liquidación: acreedores ven satisfechas sus deudas. Deudores debe acogerse a un plan de pagos, si es una persona física a la Ley de la segunda oportunidad.
EC Legal es un experto en concurso de acreedores, que se encarga de gestionar todo el proceso desde el primer momento de una manera individualizada y adaptada a las circunstancias del cliente.

Cuando hablamos de derecho penal, penas privativas, faltas o delitos lo más habitual es que se imaginen situaciones en las que hay una persona física detrás de la comisión del delito. Por lo tanto es una persona como tal la responsable de la ilegalidad y por lo tanto la que pagará la multa o cumplirá con el castigo correspondiente.

Aunque es un concepto aún poco conocido en nuestra sociedad, las personas jurídicas sí pueden cometer ciertos delitos y, en consecuencia, que se le impongan penas. Es una situación relativamente reciente por lo que todavía no se conoce bien. Te explicamos aquí todo lo que hay que saber sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español

Vamos a repasar algunos conceptos generales de nuestro ordenamiento jurídico. Para ello es importante saber, ¿Dónde se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

¿Qué es una persona jurídica?

Tal y como establece la Real Academia Española (RAE) una persona jurídica es una institución con personalidad propia e independiente y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creada por las leyes o conforme a lo establecido en las mismas. Se trata de entes que tienen la capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones y que no es una persona física. Su regulación aparece en el Código Civil en los artículos 35 y siguientes. Puede tratarse de instituciones públicas o privadas.

La reforma del Código Penal de 2010

En el año 2010 se produce una reforma en el Código Penal que afecta a la percepción de las personas jurídicas como tal y es que se abre la posibilidad a que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal por la comisión de faltas o delitos.

La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 1 supuso una auténtica revolución en el mundo del Derecho penal de los negocios al introducir, por primera vez en nuestro ordenamiento, un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, hasta entonces limitada a las personas físicas o administradores.

La principal razón que llevó al Consejo de Ministros de septiembre de 2013, para aprobar el Proyecto de reforma del Código Penal, es la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico español a los de los países de nuestro entorno. Además la implementación de un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica permitió a nuestro país cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.

¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas?

En virtud de los principios de seguridad solo se puede castigar a una persona jurídica por los delitos que así lo contemplen en el Código Penal. La reforma del Código Penal introduce 24 posibles delitos en nuestro ordenamiento y que son los siguientes:

  • Tráfico ilegal de órganos (CP art. 156 bis)
  • Trata de seres humanos (CP art. 177 bis)
  • Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (CP art. 189 bis)
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (CP art. 197)
  • Estafas (CP art. 251 bis)
  • Alzamiento de bienes (CP art. 258 ter)
  • Insolvencias punibles (CP art. 261 bis)
  • Daños informáticos (CP art. 264)
  • Delitos contra propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (CP art. 288)
  • Blanqueo de capitales (CP art. 302)
  • Delito contra Hacienda Pública y Seguridad Social (CP art. 310 bis)
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (CP art. 318 bis)
  • Delitos de construcción, edificación y urbanización (CP art. 319)
  • Delitos contra el medio ambiente (CP arts. 327 y 328)
  • Delitos relativos a la energía nuclear (CP art. 343)
  • Delitos de riesgo provocados por explosivos (CP art. 348)
  • Delitos contra la salud pública (CP art. 369 bis)
  • Falsedad de medios de pago (CP art. 399 bis)
  • Cohecho (CP art. 427)
  • Tráfico de influencias (CP art. 430)
  • Corrupción de funcionario público extranjero (CP art. 445)
  • Delitos de organización (CP art. 570 quarter)
  • Financiación del terrorismo (CP art. 576 bis)
  • Contrabando (Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando).

Requisitos para apreciar responsabilidad penal en las personas jurídicas

Para que surja la responsabilidad penal deben cumplirse los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal. Dicho artículo establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  • De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  • De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Existen dos supuestos de exención de la responsabilidad penal. Vienen establecidos en el artículo 31 bis.2 del Código Penal y en el artículo 31 bis.4. Ambos casos se refieren a supuestos en los que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si el órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión para prevenir esos delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El artículo 31 quater del Código Penal, fija las atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre ellas destaca la confesión previa a procedimiento judicial, la colaboración en la investigación del hecho o la reparación o disminución del daño.

EC Legal tiene amplia experiencia en el sector penal por lo que se encargará de resolver cualquier problema así como de ayudar a las personas jurídicas a implementar políticas de prevención de delitos

Quienes se hayan visto involucrados en un accidente de circulación sin ser culpables del mismo, deben saber que tienen la posibilidad de reclamar una indemnización por daños materiales y/o personales, más allá de las reparaciones que tienen que satisfacer los seguros.

Por indemnización entendemos el resarcimiento o compensación que va a recibir una persona que se ve envuelta en un accidente de tráfico, por culpa de las lesiones personales o materiales, que directa o indirectamente van a perjudicar la economía del sujeto. Por lo tanto, ya tenemos una definición que nos aproxima a esa necesidad de recibir el equivalente al perjuicio sufrido. La situación patrimonial de una persona se ve indudablemente afectada por el accidente, y la indemnización tiene que compensar esa alteración. Restituyendo todo a la situación anterior económica del sujeto. Devolver todo a cómo estaba en el caso de que no se hubiera producido el daño.

Reclamaciones de indemnización por accidente de tráfico

Una de las acciones principales cuando alguien se ve envuelto en un accidente es la celeridad en el inicio de cualquier proceso para el inicio de esas reclamaciones por daños. El tiempo es oro, pero es que además de múltiples y variados trámites burocráticos, cuanto más se dilate el procedimiento, menores son las garantías de éxito por parte de los perjudicados.

¿Cómo se hacen las reclamaciones por accidente de tráfico?

Hemos señalado la necesidad de iniciar el proceso lo más rápido posible, pero también hay que saber que el procedimiento puede complicarse por lo que es importante contar con un abogado especialista, si es posible desde el primer momento. Un buen abogado nos guiará por todo el camino y nos indicará los pasos que hay que ir dando para garantizar el éxito de la reclamación. Los pasos son los siguientes:

  1. En primer lugar hay que recabar los datos e informes necesarios. Aquí se incluyen sobre todo los datos del conductor y del vehículo contrario, pero también cualquier parte o atestados que podamos incorporar. Si se personó alguna autoridad: fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de tráfico, sanitarios… los informes son muy importantes.
  2. Acudir al médico y guardar su valoración. El médico que nos atendió de urgencias debe ser exhaustivo y riguroso en el estudio, ya que en algunos casos las lesiones derivadas de un golpe o accidente no se manifiestan hasta unas horas después de que se haya producido.
  3. Notificar el accidente a la aseguradora. Desde el primer momento que sea posible debemos ponernos en contacto con nuestra compañía aseguradora y comunicarle el accidente para que empiece a realizar los trámites necesarios y se vaya comunicando con la compañía de la otra parte. Entre aseguradoras se entienden mejor y además están familiarizados con estas gestiones. Los sujetos o víctimas de estos accidentes, tanto por los nervios como por la falta de experiencia no son los mejores interlocutores a la hora de discernir las razones exactas que provocaron el accidente.
  4. Valoración de daños. Con la ayuda de un abogado especialista será más fácil definir la valoración exacta de los daños sufridos y la determinación del alcance lógico y objetivo para la reclamación.
  5. Acuerdo de indemnización o demanda civil. En el caso de que se produzca un acuerdo de indemnización es importante incorporarlo al expediente. Si desgraciadamente no se llegara a un pacto, habría que comenzar un proceso o reclamación judicial en el orden civil para esa indemnización. Un buen abogado nos ayudará a ir con paso firme en la reclamación.

¿Qué daños se pueden reclamar?

Conviene saber en este punto que los perjudicados por un accidente de tráfico pueden reclamar tanto los daños personales como los daños sufridos por el vehículo. Pero es que además si por culpa del accidente hemos tenido otros perjuicios añadidos, secuelas y otros daños económicos y patrimoniales, se podrán reclamar igualmente.

Si miramos el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (RDL 8/2004) se clasifica los conceptos indemnizables en dos grupos:

  1. Daños materiales > Se refiere a los sufridos por el vehículo
  2. Daños personales > La persona o personas involucradas en el accidente.

El conductor responsable tiene el deber de indemnizar tanto por los daños materiales como por los personales. Es tal la responsabilidad que llega a extenderse a supuestos en los que incluso se prueba la falta de culpa del conductor y los daños se debieran a un caso fortuito, o una rotura o fallo de los mecanismos del vehículo.

Los plazos para acudir al médico y reclamar indemnización

Como hemos dicho en el presente artículo los plazos son muy importantes y actuar rápido será una garantía de éxito. Por eso es importante conocer los plazos existentes. El abogado nos puede ir indicando los mismos:

– El plazo más importante para poder reclamar una indemnización por lesiones es el existente para que el perjudicado acuda al médico. En este caso el plazo es de 72 horas después del accidente.

Además, los abogados manejan otros plazos para iniciar la reclamación de una indemnización:

– En vía civil, la mayoría de casos, el plazo es de 1 año.

– En vía penal, se corresponde con accidentes muy graves, y con casos de positivos en la prueba de alcoholemia el plazo es de 6 meses.

Si se ha sido víctima de un accidente de tráfico, en EC Legal se ocupan de manera eficaz y rápida de todo el proceso, garantizando siempre una atención única y personal de forma que se consiga la mejor indemnización.

Cuando un empresario no cumple con los requisitos legales o formales o se declara la inexistencia de un motivo que justifique un despido un juez puede declarar como improcedente el mismo. De este primer acercamiento ya tenemos varios puntos importantes sobre el tema. En primer lugar debe ser un juez el que califique un despido como improcedente. En segundo lugar los motivos para que el juez valore como improcedente un despido pueden ser errores formales o errores de calificación o de consideración.

El juez al valorar los hechos y las causas, evaluará si el despido se ajusta o no a Derecho o si las circunstancias que alega el empresario son suficientes y objetivas. Si no se acreditan las causas o no se cumplen las exigencias formales estamos ante un caso de despido improcedente. Es importante conocer la calificación de un despido ya que las indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores varían en función del tipo de despido.

Además en el supuesto de un despido improcedente también es necesario saber que la indemnización va a variar en función del sueldo diario y la antigüedad del trabajador en la empresa.

Indemnizaciones por despido improcedente

Ya hemos hecho mención al hecho de que la legislación española establece que un trabajador solo puede ser despedido en caso de darse ciertas razones objetivas. En caso contrario, podemos encontrarnos ante un despido improcedente. Serán los jueces los encargados de calificar los despidos.

¿Qué es un despido improcedente?

Se consideran como despidos improcedentes aquellos en los que el empresario no justifica como corresponde la decisión de romper de manera unilateral la relación laboral que tiene con un empleado. Serán improcedentes los despidos que no se ajustan a derecho, como pueden ser los injustificados o discriminatorios siempre que así los califique un juez del orden social.

La ley es muy estricta a la hora de fijar causas que permitan a una empresa rescindir unilateralmente un contrato de trabajo con un profesional. Se ha legislado intentando proteger a la figura más vulnerable de la relación que es el trabajador. Cuando no quede acreditado el incumplimiento que se alega para el despido o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales establecidas en un despido disciplinario o en el caso de despido objetivo cuando no se acredite las causas objetivas legalmente procedentes, un juez podrá calificar como improcedente el despido.

Cuando un trabajador recibe una carta de despido y no está de acuerdo deberá presentar una papeleta de conciliación y si no se llega a un acuerdo en el acto de conciliación laboral, se deberá impugnar el despido ante el orden social para ser calificado de improcedente.

Causas del despido improcedente

Ya hemos mencionado que las principales causas que llevan a los jueces a calificar como improcedente un despido son el incumplimiento de las exigencias formales establecidas o la no acreditación de una causa legal procedente en el supuesto de los despidos por causas objetivas.

Cuando quedan acreditadas las causas alegadas por el empresario o la certeza de las causas objetivas estamos ante un caso de despido procedente. En este caso el trabajador hace suya la indemnización de veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades que la empresa le entregó en el momento del despido o que deberá exigir en el momento en que sea efectiva la decisión extintiva si el empresario, a consecuencia de su situación económica, no pudo ponerla a su disposición.

Cómo calcular la indemnización por despido improcedente

En el caso de un despido improcedente para calcular la indemnización hay que tener en cuenta el salario diario y la antigüedad del trabajador. Establece la ley que le corresponden 45 días por año trabajado desde que se comenzó a trabajar hasta el 12/02/2012. Con un máximo de 42 mensualidades. A partir de esa fecha, 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

El Juez de lo Social establecerá en la sentencia la opción de readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación y la indemnización a entregarle en el supuesto de que el empresario optara por la no readmisión.

El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá elegir entre una de estas dos opciones.

  1. La readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación, que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
  2. Una indemnización de treinta y tres días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

Cuando en el mencionado plazo de cinco días no se ejercite ninguna opción se entiende que opta por la readmisión del trabajador.

La denuncia por despido improcedente

Respecto a los plazos para denunciar un despido son los siguientes:

  1. El plazo para interponer la papeleta de conciliación es de 20 días hábiles desde el despido.
  2. Fijado el día de la conciliación si no se llega a acuerdo o el empresario no acude a la cita, se dispone del tiempo que reste de ese plazo de 20 días para interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social.
  3. Aun así, puede llegarse a un acuerdo justo antes del comienzo del juicio. Pero es muy importante respetar los plazos y los tiempos para que no haya fallo en los requisitos formales y se puedan perder derechos por este motivo.

EC Legal dispone de los mejores abogados laboralistas en Valencia que se encargarán de llevar todo el proceso de manera eficaz garantizando al trabajador la mejor indemnización posible.

Tras el fallecimiento de un familiar o un ser querido se viven momentos tristes y de homenaje a la persona que nos ha abandonado. El duelo o el dolor no pueden limitar la necesidad de regularizar la situación y ejecutar los trámites correspondientes a la pérdida vivida. Entre las acciones habituales está la lectura del testamento y todo lo relativo a la herencia que vamos a analizar aquí.

Aceptar una herencia no siempre puede salir bien, ya que suelen ir incluidas las deudas y cargas del fallecido, además de la necesidad de liquidar impuestos y otros trámites, por lo que conviene informarse muy bien antes de aceptar o rechazar una herencia. Vamos a explicar aquí las diferentes formas de aceptación y renuncia de una herencia, precisamente para evitar problemas y disgustos adicionales.

La herencia se compone de los bienes y derechos del causante pero también de sus deudas y obligaciones.

Las formas de aceptación y renuncia de la herencia

Cuando fallece una persona se hace un llamamiento a las personas con derechos sucesorios, para que puedan aceptar o rechazar una herencia. Este llamamiento determina mediante la vocación a todos los posibles herederos, mientras que la delación de la herencia obliga a aceptar o rechazar la misma.

La forma y el momento de aceptación y renuncia de la herencia se produce precisamente al verificarse la delación de la herencia, acreditando la certeza de la muerte del causante, mediante los certificados de defunción, últimas voluntades, copia autorizada del último testamento, o en su caso del acta de declaración de heredero.

Los tipos de aceptación de una herencia

La aceptación de una herencia es un acto unilateral, individual, voluntario y libre, mediante el cual una persona llamada a heredar manifiesta su voluntad de aceptar la herencia. Para aceptar una herencia y pasar a ser considerado heredero (no de unos bienes concretos, sino del conjunto de la herencia entendida como caudal hereditario), no se necesita la intervención de los demás coherederos.

La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional o a partes. O se acepta toda la herencia o se rechaza toda la herencia. No se pueden aceptar los bienes y rechazar las deudas.

Establecida esta puntualización veamos las tipologías de aceptación de herencias:

Aceptación de herencia pura y simple:

El heredero, al mismo tiempo que acepta la herencia, se responsabiliza de las deudas y demás cargas de ella, no solo con los bienes de la masa hereditaria, sino con los suyos propios. (art. 1003 Código Civil). Puede ser aceptada de forma tácita o expresa.

En este sentido la jurisprudencia ha entendido como una herencia aceptada de manera tácita, aquella en la que la persona que hereda ha liquidado algún pago derivado de la herencia o ha pagado deudas que formaban parte del conjunto de la herencia. La venta de parte o algunos de los bienes hereditarios por parte de un heredero también se entiende como una aceptación tácita de la herencia pura y simple.

Aceptación de herencia a beneficio de inventario

En este caso los bienes a heredar y los del heredero se constituyen en patrimonios separados y el heredero sólo queda obligado a responder de las cargas y deudas de la herencia con los bienes de esta y hasta donde alcancen.

Por lo tanto este tipo de aceptación tiene efectos limitados ya que el tope de las cargas de la herencia será el valor del conjunto del patrimonio hereditario. Además este tipo de herencia tiene asociados unos costes extra que son los que se incurre para poder tasar y valorar los bienes que integran la masa hereditaria.

Formas de renuncia a una herencia

Del mismo modo que existen distintas formas de aceptar una herencia, existe una clasificación con los tipos de renuncia a la herencia. En este sentido el Art. 1005 del Código Civil establece que a los 9 días del fallecimiento de la persona, cualquier interesado puede requerir a través del notario que acepte o renuncie a la herencia en un plazo breve. La ley determina además un plazo de 30 días naturales para que el heredero diga si acepta o renuncia a la herencia. Si no se manifiesta en esos 30 días, se entiende que la herencia se ha aceptado.

La renuncia pura y simple de la herencia

No implica transmisión del derecho a suceder. La herencia pasa a los parientes del siguiente grado por su propio derecho.

La renuncia traslativa

Consiste en una cesión de los derechos a suceder. Es decir, no es una renuncia propiamente dicha, sino un acto posterior a la aceptación y se tiene por una donación a efectos fiscales

Capacidad para aceptar o repudiar una herencia

El Código Civil establece en el artículo 992 quienes tienen capacidad para aceptar o repudiar una herencia. Así establece que «pueden aceptar o repudiar bienes de una herencia los que tengan la libre disposición de sus bienes».

Además el mismo Código Civil en el apartado 4º del artículo 2 establece que en el caso de un menor sujeto a tutela, «será el tutor el que deberá obtener autorización judicial para aceptar la herencia sin beneficio de inventario o repudiarla en nombre del menor.

En los supuestos de menores sujetos a patria potestad. El Código Civil (Artículo 166) dice que «Los padres deberán tener autorización judicial para repudiar la herencia de sus hijos. Si juez deniega autorización, solo se puede aceptar a beneficio de inventario».

Respecto a los incapacitados, habrá que analizar los límites particulares establecidos por el juez en la sentencia de incapacidad.

Por último hay que señalar que aquellos que se encuentren inmersos en un concurso de acreedores no podrán aceptar ni renunciar a una herencia por sí mismo.

Los abogados expertos en herencias de EC Legal resolverán todas las dudas y tramitarán las sucesiones de la manera más beneficiosa para el cliente. No dejes de contactar y reserva tu cita cuanto antes.