En los supuestos de que unos niños se hayan quedado huérfanos o haya otra serie de circunstancias que lo aconsejen, será necesario nombrar un tutor legal para los menores. Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre la tutela.

Quién es el tutor legal y cuáles son sus obligaciones

La tutela es una figura legal que tiene como objetivo proteger y salvaguardar los derechos e intereses de las personas que no pueden valerse por sí mismas debido a su incapacidad física o mental. La tutela se establece para aquellos individuos que no pueden ejercer sus derechos y tomar decisiones por sí mismos, por lo que se les designa un tutor legal que actúa en su nombre y representa sus intereses.

La regulación de la tutela en el Código Civil español se encuentra principalmente en los artículos 222 a 242.

Los principales aspectos que se regulan sobre la tutela en el Código Civil son los siguientes:

Supuestos de tutela: El Código Civil establece que la tutela se establece para la protección de los menores de edad no emancipados y de las personas con capacidad modificada judicialmente. Estas últimas son aquellas que, por razones de enfermedad o discapacidad, no pueden gobernarse por sí mismas.

Nombramiento del tutor: La designación del tutor corresponde al Juez, quien toma en cuenta el interés del tutelado. En el caso de los menores, se considera el interés del menor; en el caso de las personas con capacidad modificada judicialmente, se tiene en cuenta su bienestar y necesidades. El Juez también puede tener en cuenta las preferencias expresadas por los padres o el propio tutelado si es mayor de edad.

Obligaciones del tutor: El Código Civil establece que el tutor tiene la obligación de representar al tutelado, administrar sus bienes y velar por su cuidado personal. El tutor debe ejercer sus funciones con diligencia, cuidando del bienestar y protección del tutelado.

Control judicial: La tutela está sujeta a un control judicial constante. El Juez supervisa las actuaciones del tutor y puede requerir informes sobre la situación del tutelado y la administración de sus bienes. El tutor debe rendir cuentas periódicamente ante el Juez.

Duración de la tutela: La tutela de los menores se extiende hasta su emancipación o mayoría de edad, a menos que el Juez determine lo contrario. En el caso de las personas con capacidad modificada judicialmente, la tutela puede tener una duración determinada o indefinida, según lo establezca el Juez en función de las circunstancias del caso.

Es importante destacar que, además de la tutela, el Código Civil español también regula otras figuras de protección para personas incapaces, como la curatela (para aquellos que, sin estar incapacitados, requieren asistencia en la toma de decisiones) y la guarda de hecho (cuando una persona asume de manera voluntaria el cuidado y protección de alguien que no puede valerse por sí mismo, sin una designación formal del Juez).

¿Cuándo hay que nombrar un tutor legal?

Cuando existan menores no emancipados en situación de desamparo y menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

¿Quién puede ser tutor legal?

Los progenitores podrán designar en testamento o documento público tutor. Podrán ser tutores las personas físicas que, a juicio de la autoridad judicial, reúnan las condiciones suficientes para el desempeño de la tutela. También pueden ser tutores fundaciones y personas jurídicas sin ánimo de lucro que contemplen estos fines en su actividad.

Sin embargo se preferirá a la persona designada por los progenitores en testamento o documento público o al ascendiente o hermano que decida el juez.

Los artículos 243, 244 y 245 del Código Civil explica quién NO puede ser tutor.

Artículo 243 del Código Civil

No pueden ser tutores:
1. Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial.
2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.
3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena.
4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.

Artículo 244 del Código Civil.

Tampoco pueden ser tutores:
1. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.
2. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado.
3. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.
4. Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o los que le adeudaren sumas de consideración.
5. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.

Artículo 245 del Código Civil.

Tampoco pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el Juez, en resolución motivada, estime otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado.

Las obligaciones del tutor legal

Las principales obligaciones del tutor legal son velar por el tutelado y, según el Código Civil (artículo 269), esto incluye el hecho de procurarle alimentos, educarle… El tutor también está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo. También debe informar anualmente al juez de la situación del menor y rendir cuentas de la administración.

Existen del mismo algunas acciones que requieren autorización judicial y que se regulan en el artículo 271 del Código Civil.

Cuándo se extingue la tutela.

La tutela se extingue por la mayoría de edad del menor, por la emancipación o por la concesión del beneficio de la mayoría de edad al
tutelado. También se extingue la tutela por la adopción del menor, por su muerte o declaración de fallecimiento. Cuando la tutela se hubiese originado por privación de la patria potestad y el titular la recupere.

En EC Legal, como expertos en Derecho Civil, solucionaremos todas tus dudas y cuestiones en relación al ejercicio de la tutela. Así como te ayudamos a desempeñar la figura de tutor legal de acuerdo con la normativa y los límites de la resolución judicial de nombramiento.

Hay varios delitos que por su facilidad de tramitación y por la naturaleza y fuerzas de las pruebas se tramitan por un procedimiento de juicio rápido que acorta mucho los plazos. Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre el juicio rápido.

El enjuiciamiento rápido de algunos delitos

En el ordenamiento jurídico español se distinguen tres tipos de procedimientos judiciales principalmente como son el procedimiento civil, el procedimiento penal y procedimiento contencioso-administrativo. Repasemos las principales características de cada uno:

• Procedimiento civil: Se refiere a las controversias entre particulares, empresas o instituciones, y se lleva a cabo ante los juzgados y tribunales civiles. Los principales asuntos que se tratan en los procedimientos civiles son los que tienen que ver con el derecho de familia, el derecho sucesorio, el derecho de obligaciones y contratos y el derecho inmobiliario.
• Procedimiento penal: El procedimiento penal tiene que ver con los delitos y faltas que cometan las personas, y se lleva a cabo ante los juzgados y tribunales penales. En este tipo de procedimiento se persigue la responsabilidad penal del acusado, y se pueden imponer penas de prisión y multas, principalmente.
• Procedimiento contencioso-administrativo: Los procesos contenciosos se refieren a las reclamaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública, y se lleva a cabo ante los juzgados y tribunales contencioso-administrativos. Los supuestos habituales son las sanciones administrativas, los recursos, la responsabilidad patrimonial de la Administración…

Existen otros procedimientos especiales que se regulan por leyes especiales, como son el procedimiento laboral, el procedimiento mercantil o los mecanismos de protección de los derechos fundamentales.

Dentro de cada procedimiento se pueden distinguir distintos tipos de juicios según el grado de complejidad, la duración del proceso y la cuantía de la controversia que se está tratando. Los tres tipos de juicios más comunes son:

• Juicio Ordinario: Este tipo de juicio se utiliza para tratar asuntos complejos o de mayor cuantía económica. En el juicio ordinario se siguen todas las fases procesales, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, y su duración es mayor que en los otros tipos de juicios.
• Juicio Abreviado: Este tipo de juicio se utiliza para los asuntos menos complejos y de menor cuantía económica. En el juicio abreviado se eliminan algunas fases procesales, permitiendo una tramitación más rápida y sencilla.
• Juicios Rápidos: Este tipo de juicio se utiliza en el ámbito penal y se refiere a aquellos delitos o faltas que tengan una pena máxima de 5 años de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En estos casos, se trata de un procedimiento más simplificado y rápido, que puede concluir en el mismo día de la celebración del juicio.

Requisitos para tener un juicio rápido

Como hemos dicho anteriormente en España, para que se pueda ir por juicio rápido tiene que haberse cometido un delito con una pena de prisión que no exceda los 5 años u otras penas que no excedan, de forma única o en conjunto o de manera alternativa, de 10 años sea cual sea su cuantía.

Deben reunir los tres requisitos siguientes:

– Se inicie el procedimiento por un atestado policial (Ej: cuando das positivo +0.60 en control de alcoholemia)
– Que la Policía Judicial haya detenido a la persona o la haya puesto a disposición del Juzgado de Guardia, o que lo haya citado, o que, por su parte, prevea que en el plazo de 5 días va a poder detenerlo.
– Además se de una de las condiciones siguientes:

1. Sea un delito flagrante, ó
2. La instrucción del delito sea presumiblemente sencilla
3. Se de uno de los delitos de la lista del art 795.1 .2ª LECrim.

Los delitos que van por el juicio rápido

El artículo 795.1 .2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como delitos que pueden ir por juicio rápido los siguientes:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

No se puede aplicar este procedimiento a delitos conexos que que no estén recogidos en esa lista ni a aquellos procesos sobre los que se haya dictado secreto de sumario. No obstante, según la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2003, hay ciertas infracciones que no se recogen en ese listado que en ciertos casos podrán tramitarse por las diligencias urgentes del juicio rápido como desobediencia, daños o tráfico de drogas que no causen grave daño a la salud o atentado a la autoridad.

El procedimiento del juicio rápido

Este procedimiento se inicia con las diligencias policiales. Primero la policía informará de sus derechos al detenido, solicitará informes del médico forense si necesario, acompañará resultado del test de alcoholemia o de drogas positivos al atestado, citará a la persona denunciada y no detenida, así como a los testigos, a las compañías aseguradoras si fuera necesario y remitirá al Instituto de Toxicología las sustancias aprehendidas si así fuera necesario. Todo ello en plazo de 72 horas.

La siguiente fase son las diligencias urgentes cuando el Juez de Guardia instruye la causa y puede adoptar medidas cautelares o acordar el sobreseimiento. Aquí es posible negociar con el Ministerio Fiscal para que se dicte sentencia de conformidad y ver reducida la
pena.

Por último el juicio oral: Si no sobreseimiento o acuerdo con el fiscal, en plazo no superior a 15 días señalamiento para acudir al Juzgado de lo Penal para celebrar la fase de enjuiciamiento. Tras esto, se dicta sentencia en 3 días. Posibilidad de interponer
recurso de apelación en plazo de 5 días.

En EC Legal disponen de abogados penalistas expertos en estos procedimientos tan rápidos, especialmente en los juicios rápidos por alcoholemia, para garantizar la solución más beneficiosa para el cliente en una situación tan delicada.

La nueva Ley de Familias está en la recta final para su entrada en vigor y que supondrá un gran cambio, especialmente en la mejora de derechos sociales, permisos retribuidos y ayudas. Es por eso por lo que te explicamos a continuación todas sus novedades.

Nuevos permisos y ayudas con la nueva Ley de Familias de 2023

El anteproyecto de la nueva Ley de Familias ofrece un nuevo elenco de ayudas y permisos a trabajadores y familias. Si bien aún no ha entrado en vigor, te explicamos a continuación lo que cambiaría con su aprobación.

¿Qué es la Ley de Familias?

La Ley de Familias es la normativa orientada a mejorar la conciliación familiar y laboral de los trabajadores en España. Este texto normativo ha sido desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Otra definición se refiere a la Lay de Familias como el conjunto de leyes que regula las relaciones familiares y los derechos y obligaciones de los miembros de una familia. Puede incluir disposiciones sobre matrimonio, adopción, patria potestad, alimentos, divorcio, entre otros temas relacionados con la familia.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Familias?

Justo antes de que terminara el año el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Familias. Concretamente el anteproyecto se aprobó el 13 de diciembre de 2022 y se
acordó su tramitación administrativa de manera urgente.

Esto supone que se acortan los plazos a la mitad y que el procedimiento puede continuar si no se emiten los informes en plazo. Así, se prevé su entrada en vigor para enero 2023.

Las novedades de la nueva Ley de Familias

Estas son las principales novedades sobre nuestro ordenamiento que incorpora la nueva Ley de Familias:

Ayuda de 100 € para madres trabajadoras y en paro

La denominada renta crianza para las madres con hijos de 0 a 3 años trabajadoras se ve
ampliada también a aquellas madres que se encuentren con hijos de 0-3 años y estén en situación de paro o con únicamente 30 días cotizados.

¿Cómo solicitar la ayuda de 100 € para madres trabajadoras?

Para solicitar la ayuda mensual de 100 euros por hijo, recogida en la nueva Ley de Familias, se debe rellenar el modelo 140, que está disponible en la web de la Agencia Tributaria. Para completar el formulario, tanto el solicitante como los menores de 3 años deben tener un NIF.

¿Quiénes pueden pedir la ayuda?

Las personas que pueden percibir la ayuda son las mujeres con hijos menores de tres años.
Si ambos progenitores son del mismo sexo, los dos tendrán derecho.
El padre o tutor en caso de fallecimiento de la madre.
El padre o tutor cuando la guarda y custodia completa.

Nuevos permisos retribuidos y no retribuidos

● Un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado
o un conviviente.
● Derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o
accidente- hasta 4 días retribuidos.
● Un nuevo permiso para padres y madres de ocho semanas, que podrá disfrutarse de
forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años.
● Reconoce un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos.
● Derecho a la atención temprana para menores de 6 años con trastorno de desarrollo.

Nuevo concepto de familia numerosa

– El concepto de familia numerosa pasará a denominarse “Ley de Protección a las Familias
con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza”.
– Así, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el objeto de regulación abarcará también
las familias monoparentales, las familias con padres con discapacidad, etc.
– Habría que explicar lo que se entiende ahora por familia numerosa y las nuevas categorías
que habrá con la nueva Ley.

EC Legal se encargará de proteger todos los intereses de sus clientes garantizando el disfrute de todos los nuevos permisos permisos y derechos que entrarán en vigor con la nueva Ley, así como se preocupará de asesorar en todo el proceso de solicitud de ayudas y subsidios que en ella se reconocen.

En las grandes ciudades de España como Madrid, Barcelona o Valencia cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda de alquiler a buen precio y que cuente con una correcta adecuación o cumpla con las características deseadas por quienes se embarcan a la caza y captura de un nuevo hogar. El mercado de las viviendas en alquiler atraviesa un momento muy peculiar o complicado, ya que muchos de los inmuebles han salido de la oferta habitual seducidos por la mayor rentabilidad o el movimiento del llamado turismo vacacional.

Esta particular situación hace que quién haya encontrado con una buena vivienda no quiera desprenderse de ella. Pero hay que saber que en muchas ocasiones no es posible quedarse en la misma vivienda de alquiler todo el tiempo que uno desea. Por lo que explicamos a continuación que es la rescisión de un contrato de alquiler y cómo y quién puede hacerlo.

La rescisión del contrato de alquiler de una vivienda

La rescisión de cualquier tipo de contrato es el proceso por el cual se acuerda la finalización de la relación contractual y por tanto de las obligaciones para las partes involucradas. Lo habitual es que un contrato se rescinda de mutuo acuerdo entre las partes en cualquier momento de la ejecución del contrato, pero también se puede rescindir de manera unilateral o por decisión judicial al término de un proceso judicial.

En el caso de la rescisión del contrato de alquiler de una vivienda, mediante este proceso se pone fin a las obligaciones y derechos de las partes. Conozcamos a los dos principales actores de los contratos de alquiler de una vivienda.

¿Quién es el arrendador y quién el arrendatario?

En el contrato de alquiler de una vivienda intervienen dos sujetos: el arrendador y el arrendatario. Surgen para ambos de dicho contrato una serie de derechos y de obligaciones. ¿Pero sabemos quién es cada uno?

El arrendador es el propietario legítimo de la vivienda. Aquél que tiene la propiedad del bien inmueble y lo saca al mercado para obtener cierto rendimiento económico a su bien. El arrendatario es el sujeto que alquila la vivienda y que va a vivir en la misma, también se le conoce con el término inquilino. Arrendador y arrendatario llegan a un acuerdo por el cual uno cede el uso de la vivienda a cambio de una cuota económica periódica.

El contrato de arrendamiento o de alquiler de una vivienda también tiene su origen en el derecho romano y es un contrato mediante el cual las dos partes (arrendador y arrendatario) se obligan de manera recíproca y por un tiempo determinado la cesión de un inmueble obligando al inquilino a pagar un precio cierto o renta. Los contratos de alquiler tienen una regulación en el ordenamiento español que establece condiciones, validez, duración… y extinción o rescisión.

La rescisión del contrato de alquiler por parte del inquilino

El desistimiento de un contrato de alquiler es la posibilidad de rescindir el contrato de alquiler de manera anticipada. Se encuentra recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en su artículo 11: «El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización.»

En ese artículo sobre el desistimiento la ley fija dos requisitos:

• Que se hayan consumido al menos seis meses de contrato. Este requisito de los 6 meses es solo para el primer año de contrato.
• Preaviso de al menos 30 días por parte del inquilino. Esto supone que si no se hace, habrá que pagar al arrendador esos 30 días siguientes.

No cumplir estos requisitos deriva en un incumplimiento de contrato que lleva aparejada una indemnización para el arrendador.

La rescisión del contrato de alquiler por parte del propietario

El propietario solo puede rescindir el contrato antes del tiempo previsto en el contrato por las siguientes razones:

• Si se ha producido un impago de las rentas, un impago de la fianza o sus actualizaciones, ha detectado la existencia de subarriendos o cesiones no permitidas, cuando se ocasionen daños u obras no permitidas, cuando se realicen actividades nocivas, insalubres, peligrosas… etc.
• También se puede dar la rescisión en el caso de que el dueño necesite la casa para habitar en ella. En este caso, debe haber transcurrido un año desde que se inició la relación arrendaticia y notificarlo con dos meses de antelación.

Si se debe a las causas anteriores, como el impago, el arrendador puede comunicar de manera inmediata que se rescinde el contrato. Si el inquilino se niega, en cualquier caso, se podría iniciar procedimiento judicial para el desahucio.

La devolución de la fianza del alquiler

Una vez finalizado el contrato de arrendamiento y se devuelve el piso en buen estado y con todas las facturas pagadas el arrendador tiene 30 días para devolver la fianza después de la devolución de llaves.

Si el arrendatario incumple el contrato (se dice incumple, no que desiste), o no ha pagado los suministros o hay desperfectos, no hay que devolver la fianza que se usará para subsanar lo que corresponda.

EC Legal es experto en materia arrendataria, por lo que se encargará de la confección de contratos de arrendamientos, asesoramiento integral en relación al desistimiento o incumplimientos de contrato de alquiler, así como de la devolución de las fianzas.

La nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley del sí es sí, ha sido aprobada en el Congreso. Te explicamos aquí todas sus novedades.

Se ha aprobado en el Congreso la Ley del Sí es Sí que supondrá muchos cambios tanto en materia penal como en otras áreas del Derecho. Es por eso por lo que explicamos a continuación todas las novedades que surgen con esta nueva Ley Orgánica.

Qué novedades aporta la nueva Ley de Sí es Sí

Esta ley tiene su origen en el Caso la Manada que pasó en Pamplona hace varios años, pero tras la cual ha habido varios casos similares y la sociedad está preocupada. El nombre de la ley es Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Se prevé que la ley de sí es sí entre en vigor antes de fin de año, cuando cumpla con los diferentes trámites de aprobación.

El consentimiento: eje fundamental de la Ley

Es precisamente el consentimiento el eje fundamental de la ley y lo que da nombre a la ley. La confimarción de un consentimiento antes de cualquier relación sexual. La ley da un definición de ese consentimiento y todo lo que quede fuera de él será considerado agresión sexual.

El abuso sexual desaparece como delito

Otra de las novedades de la ley es que se elimina la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, tanto para adultos como para menores de edad. Así cualquier acto sexual sin consentimiento será considerado agresión sexual.

La sumisión química y otras agravantes

La ley mantiene agravantes como la actuación grupal o que medie violencia o intimidación e introduce algunas novedades dentro de las agravantes como son el uso de fármacos y/o productos químicos o que la mujer sea o haya sido esposa o tenga o hubiera tenido relación análoga de afectividad.

El acoso sexual callejero pasa a estar penado

Uno de los aspectos más polémicos de la ley es el hecho de que los piropos callejeros que causen a la víctima una situación objetivamente humillante hostil o intimidatoria será considerado delito leve. Estos solo serán perseguibles a instancia de la víctima. Y las penas son de localización permanente de 5 a 30 días en domicilio diferente y alejado de la víctima o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses.

Novedades sobre la “violencia sexual digital”

La ley prohíbe la publicidad pornográfica. Se castigará no solo la difusión de vídeos o fotos íntimos, sino también la redifusión de los mismo.

Nuevos apoyos y ayudas para las víctimas

En materia de extranjería: la mujer en situación administrativa irregular que haya sido víctima de violencia sexual tendrá derecho a permiso de residencia y trabajo. Se prevén ayudas económicas para víctimas de delitos sexuales que ganen menos del salario mínimo, así como prioridad de acceso a viviendas públicas.

EC Legal como despacho de abogados en Valencia experto en delitos sexuales, garantiza una dedicación individualizada y minuciosa a las víctimas de agresiones sexuales. Si tienes cualquier duda o consulta no dejes de ponerte en contacto con nosotros.