En España, una citación judicial es un acto por el cual se convoca a una persona para que comparezca ante un órgano judicial en una fecha y hora determinadas. Este proceso es esencial en el marco del sistema legal español, ya que garantiza el derecho de las partes a ser escuchadas y participar en el proceso judicial que se está llevando a cabo y que de una forma u otra les implica. La citación puede ser emitida por diferentes instancias judiciales, como juzgados, tribunales o fiscalías, y puede estar relacionada con una variedad de procedimientos legales, desde declaraciones como testigo hasta la notificación de cargos en un caso penal.

La citación judicial se formaliza a través de un documento oficial, que debe contener información detallada sobre la naturaleza de la comparecencia, el motivo de la citación, la ubicación del tribunal y la fecha y hora en que se espera la presencia del citado. Ignorar una citación puede tener consecuencias legales graves, incluyendo multas o la emisión de una orden de arresto en ciertos casos. La notificación adecuada y oportuna de una citación es fundamental para garantizar un proceso judicial justo y transparente, cumpliendo con los principios fundamentales del sistema legal en España.

Esa es la razón por la que recibir una citación judicial siempre genera la duda de si es obligatorio acudir a la misma o no. Por eso por lo que te explicamos todo lo que hay que saber al respecto.

La citación judicial y la obligatoriedad de acudir.

La citación judicial se recoge en el Título VII «De las notificaciones, citaciones y emplazamientos», artículo 166 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

El artículo 166 establece entre otras cosas:

«Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del Juzgado o Tribunal se harán por el funcionario correspondiente. Cuando el Secretario judicial lo estime conveniente, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose el acuse de recibo.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el capítulo V del título V del libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo.»

¿Qué es una citación judicial?

Una citación judicial es una comunicación que emite un juzgado y que insta a quien la recibe a presentarse ante el mismo de manera obligatoria. Esto significa que en caso de no acudir habrá diferentes consecuencias en función de en calidad de qué se ha emitido dicha citación. No es lo mismo una citación dentro de un proceso penal que una citación de testigo en el marco de una disputa civil.

La citación judicial de testigos

Una citación judicial de testigos en España es un proceso mediante el cual una autoridad judicial solicita la presencia de una persona específica para testificar en un procedimiento legal. Este tipo de citación es común en casos civiles y penales, donde la declaración de testigos puede proporcionar información crucial para esclarecer hechos y apoyar el desarrollo del caso.

La citación de testigos incluye detalles específicos, como el nombre del testigo, la fecha, hora y lugar de comparecencia ante el tribunal. La participación de testigos es esencial para garantizar la presentación de pruebas fidedignas y para que los tribunales tomen decisiones informadas. La persona citada tiene la obligación legal de comparecer y prestar declaración bajo juramento. Por esta razón si no se acude como testigo ante una citación judicial se pueden sufrir distintas sanciones. La primera vez se puede establecer una multa, si la ausencia se repite, puede desembocar en una imputación por el delito de obstrucción a la justicia.

La citación de testigos es una herramienta fundamental para el sistema judicial español, ya que contribuye a la búsqueda de la verdad y a la administración de justicia. Los testigos pueden ser llamados por cualquiera de las partes involucradas en el caso o por la autoridad judicial, y su testimonio puede ser determinante para el resultado final del procedimiento legal. El respeto y cumplimiento de las citaciones judiciales de testigos son fundamentales para garantizar un proceso legal justo y equitativo.

La citación judicial del acusado o investigado

El número de citaciones va a depender del tipo de procedimiento ante el que nos encontramos. Así, en juicios por delitos leves y juicios rápidos habrá una citación para que el acusado o investigado se personen en el juzgado de Guardia o para que comparezca en el de Instrucción competente.

Si se trata de un procedimiento abreviado o de uno ordinario, habrá una citación judicial para la fase de instrucción y otra para la de juicio oral.

Si no se comparece, la orden de comparecencia se puede transformar en orden de detención para ser personado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el juzgado.

La citación policial

Una citación policial es un acto mediante el cual las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, solicitan la comparecencia de una persona en relación con una investigación o procedimiento policial. Esta citación puede ser parte de diversas situaciones, como testificar como testigo, aclarar detalles sobre un incidente, o ser interrogado en calidad de sospechoso.

La citación policial se formaliza a través de un documento oficial que detalla la razón específica de la citación, la fecha, hora y lugar donde se espera la presencia del individuo convocado. En muchos casos, la citación policial es parte de la labor investigativa de las autoridades para esclarecer hechos, recopilar información adicional o avanzar en una investigación criminal.

Es importante señalar que, al recibir una citación policial, es aconsejable buscar asesoramiento legal y cumplir con las instrucciones proporcionadas. Aunque a este tipo de citaciones no es obligatorio acudir, ignorar una citación policial puede tener consecuencias legales. Participar en el proceso puede ayudar a aclarar malentendidos, proporcionar información valiosa a la investigación y asegurar que se respeten los derechos legales del individuo citado en el marco del sistema judicial español.

EC Legal se encarga de asistir a cualquier persona citada ante un Juzgado para evitar cualquier sanción.

 

A menudo se confunden los conceptos incapacidad y discapacidad ya que se usan indistintamente. Es por eso por lo que te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre estas dos situaciones tan delicadas.

La diferencia entre incapacidad y discapacidad

Vamos a intentar ver con una definición de estos dos términos y así veremos que es más fácil confundirlos que diferenciarlos. Por eso vamos a ver en profundidad en qué consiste cada situación:

En España, la incapacidad legal se refiere a la situación en la que una persona no tiene la capacidad para gestionar sus asuntos y decisiones personales. La definición legal de incapacidad se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley 15/2005, de 8 de julio, de Modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en Materia de Separación y Divorcio.

La incapacidad legal se divide en dos categorías principales:

  • Incapacidad plena: Esta forma de incapacidad se aplica cuando una persona no puede gestionar ningún aspecto de su vida, incluyendo cuestiones personales, patrimoniales y de salud. En este caso, un tutor es nombrado para tomar decisiones en nombre de la persona incapaz.
  • Incapacidad parcial: La incapacidad parcial se establece cuando una persona puede gestionar algunos aspectos de su vida, pero no otros. En este caso, un tutor es nombrado para las áreas específicas en las que la persona es incapaz.

Por su parte si tenemos que buscar una definición de discapacidad, podemos acudir a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que es la Ley 27/2007, de 23 de octubre. Según esta ley, una persona con discapacidad se define como:

«Una persona que, como consecuencia de una o varias deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente de larga duración, al interactuar con diversas barreras, puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.»

Esta definición legal enfatiza que la discapacidad es una condición que resulta de las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que se prolonga en el tiempo. Además, reconoce que las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras en su entorno que limitan su participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.

La Ley 27/2007 tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Esta ley establece derechos y medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación, el empleo, la atención sanitaria y otros servicios, así como la plena participación en la sociedad.

¿Qué es la incapacidad?

Ya hemos adelantado que la incapacidad se refiere sobre todo al ámbito laboral y que hay diferentes grados cada uno con sus consecuencias y características. La Seguridad Social establece hasta cinco grados de incapacidad permanente a saber:

  • Incapacidad parcial
  • Incapacidad total
  • Incapacidad total cualificada
  • Incapacidad absoluta
  • Gran invalidez

Por lo tanto corresponde al INSS su declaración y para ello tendrá en cuenta las limitaciones que provoque en el solicitante la enfermedad o lesión en cuestión. De esta manera cuanto mayor sea el carácter invalidante, más elevado es el grado de incapacidad que establecerá la Seguridad Social.

¿Qué es una discapacidad?

La discapacidad por su parte se refiere más a limitaciones de la persona para el desarrollo de su vida diaria. En este sentido puede deberse a limitaciones físicas, psíquicas y/o sensoriales.

Existen distintos grados de discapacidad y se clasifican de la siguiente manera:

  • Discapacidad por debajo del 33%
  • Discapacidad entre el 33 y 64%
  • Discapacidad superior al 65%

Para que una discapacidad sea reconocida legalmente debe ser del 33% o superior. Son las Comunidades Autónomas las que tienen la competencia para el otorgamiento de la discapacidad.

Los “beneficios” de la incapacidad y la discapacidad.

En el ámbito legal cuando a una persona le declaran una incapacidad o una discapacidad en función de sus circunstancias, bases de cotización y grado del reconocimiento se puede tener derecho a una pensión o complemento mensual, por lo que es importante contar con la información y el apoyo de un abogado que nos asesore.

¿Se puede cobrar la incapacidad y la discapacidad?

La Ley General de la Seguridad Social del año 2015 establece que siempre que una persona tenga derecho a dos pensiones diferentes, como norma general deberá optar por una u otra. Esta situación tiene algunas excepciones en aquellos supuestos en los que las dos pensiones de incapacidad permanente proceden de distintos regímenes de la Seguridad Social.

Lo que prohíbe la legislación es que se cobren dos pensiones de incapacidad al mismo tiempo si dichas pensiones se obtuvieron cotizando en el mismo régimen.

Dentro de los beneficios económicos que supone estar en cualquiera de los grados de invalidez hay que recordar como hemos visto anteriormente que hay incapacidades como la parcial que no implican el cobro de pensiones. La incapacidad permanente total conlleva una pensión contributiva equivalente al 55% de la base reguladora. Este porcentaje puede llegar al 75% en el caso de personas con más de 55 años de edad con dificultades para encontrar empleo. La invalidez o incapacidad permanente absoluta implica una pensión del 100% de la base reguladora.

Si hablamos de beneficios sociales y económicos que se pueden obtener en función del grado de discapacidad la lista es extensa y puede llegar a depender mucho de las circunstancias. Algunas de estas medidas destinadas a ayudar a las personas con una discapacidad reconocida se refieren a ayudas en el acceso a viviendas protegidas, adaptación del puesto de trabajo, solicitud de jubilación anticipada, acceso a tratamientos rehabilitadores, tarjetas de estacionamiento en zonas habilitadas para minusválidos, determinados beneficios fiscales…

En EC Legal nos ocupamos de manera eficaz y rápida de todos los trámites de cobros por estas cuestiones y de declaraciones de incapacidad y discapacidad. En muchas ocasiones estos trámites requieren de acudir ante un juez para que modifique el grado de incapacidad o condene a la Seguridad Social por no reconocer una incapacidad. Consulta con nosotros tu caso concreto y te asesoraremos en base a nuestra experiencia.

 

Con la subida de precios actual y la inflación es posible que muchos particulares, especialmente autónomos, atraviesen dificultades económicas y puedan verse con el agua al cuello. Es por eso por lo que te explicamos qué es la Ley de la Segunda Oportunidad y cuándo puede solicitarse para cancelar las deudas.

Conoce la definición de la ley de la segunda oportunidad, su alcance, la necesidad de contar con un abogado experto en ley de segunda oportunidad y los pros y contras de la ley a través de estas líneas.

La Ley de la segunda oportunidad

Hasta no hace muchos años eran únicamente las empresas las que podía declararse en bancarrota mediante la figura conocida como concurso de acreedores.

Ahora con La Ley 25/2015 de 28 de julio conocida como la Ley de la segunda oportunidad se crea un instrumento que beneficia en estas situaciones a particulares y autónomos.

Te invitamos a seguir leyendo el artículo para conocer en qué consiste esta normativa.

¿Qué es exactamente la Ley de la segunda oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad es una norma que ofrece un instrumento legal para ayudar tanto a ciudadanos particulares como a autónomos a salir de un exceso de deudas o que se encuentran en situación de quiebra.

A través de esta figura se permite la posibilidad de cancelar todas las deudas y obtener el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho conocido como BEPI. Para poder optar a las ventajas de la ley tendrán que cumplirse una serie de requisitos.

¿Qué es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho?

Como hemos dicho antes el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) es un proceso legal que permite a personas endeudadas en España liberarse de ciertas deudas no garantizadas, como préstamos personales o tarjetas de crédito, si cumplen ciertos requisitos.

Para acceder al BEPI, el deudor debe demostrar su incapacidad económica real y que ha intentado previamente un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Si se aprueba, el deudor queda eximido de pagar las deudas incluidas en el proceso y obtiene una segunda oportunidad financiera para comenzar de nuevo. Este beneficio busca brindar alivio a quienes enfrentan una carga financiera abrumadora y no pueden saldar sus deudas.

Requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Para poder acogerse a los beneficios que recoge la Ley de la Segunda Oportunidad hay que cumplir con una serie de requisitos que recoge la propia ley. Los requisitos son los siguientes:

  • Declarar el estado de insolvencia actual o inminente
  • No ser declarado culpable en el concurso
  • Deudas no más de 5 millones de euros
  • No haberse acogido ya a esta Ley de la Segunda Oportunidad en los últimos diez años
  • No haber sido condenado por delitos económicos o por un delito o falta de falsedad documental en los últimos años
  • Buena fe del deudor
  • Además deben ceder todos los bienes y activos excepto los necesarios para continuar con la actividad profesional. Una vez liquidados se solicitará la exoneración de deuda.

Pros y contras de la Ley de la Segunda Oportunidad

Entre las principales ventajas o pros que ofrece la Ley de la Segunda Oportunidad se pueden establecer los siguientes:

  • El principal objetivo de la ley es el alivio de deudas de la persona solicitante o beneficiaria y por lo tanto su protección frente a los acreedores
  • Esta liberación de la deuda otorga al actor la oportunidad de empezar de nuevo y así recuperar el crédito
  • Del mismo modo esta normativa establece la posibilidad de salvaguardar ciertos activos
  • Otra de las oportunidades que ofrece la ley es la opción de salir de las listas de morosos

Por el contrario los perjuicios o las contras del sujeto solicitante de los reconocimientos de la Ley de Segunda Oportunidad son:

  • Básicamente la pérdida de activos del patrimonio del sujeto
  • Para ello el juez puede dictaminar la limitación de la libre disposición de los activos por parte del sujeto
  • La declaración constituye un perjuicio a los informes sobre crédito
  • Además la cancelación de la deuda no alcanzará a terceros obligados
  • Existe la posibilidad de que no se acepte la exoneración de deuda por parte del juez.

¿Se eliminan las deudas para siempre?

En el momento de su cancelación, las deudas desaparecen para siempre. El juzgado puede revisar el caso durante un período de 5 años y reabrirlo a petición de los acreedores si considera que el sujeto ha obrado de mala fe.

Desde el despacho de EC Legal nos encargamos de gestionar la documentación relativa a las deudas de los clientes y de presentar la solicitud de exoneración de deuda. Pide cita con nosotros para cualquier cuestión mercantil o legal y te arreglaremos un presupuesto ajustado a cada caso. Somos expertos en la gestión y resolución de peticiones de Ley de la Segunda Oportunidad.

La autorización temporal de residencia por arraigo para la formación es una nueva opción que permite a los extranjeros que llevan, al menos, dos años en situación irregular de normalizar su situación. Te explicamos a continuación cuáles son los requisitos para obtener esta autorización y cómo solicitarla.

La autorización de residencia por arraigo por formación

La autorización de residencia por arraigo por formación es un tipo de autorización temporal de residencia en España que permite a ciertos extranjeros quedarse en España debido a su formación académica y su arraigo en el país. Este tipo de autorización se encuentra regulado en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tipos de arraigo

En nuestro sistema jurídica hay actualmente cuatro tipos de autorización temporal de residencia por arraigo. Cada uno con sus requisitos propios. Estos arraigos son:

  • El arraigo familiar
  • El arraigo social
  • El arraigo laboral
  • El arraigo por formación

En este artículo analizaremos el último de ellos, el denominado arraigo por formación y sus requisitos.

¿Qué es el arraigo por formación?

El arraigo por formación entró a formar parte del ordenamiento jurídico en agosto de 2022. La normativa aplicable es la siguiente:

  1. El Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  2. Instrucción SEM 1/2022 sobre el arraigo para la formación y otras cuestiones comunes a las autorizaciones de residencia temporal por motivos de arraigo previstas en el artículo 124 del Reglamento de Extranjería, aprobado por el RD 557/2011, de 20 de abril.
      • En este tipo de arraigo, los solicitantes deben comprometerse y están obligados a realizar una formación determinada para obtener esta autorización temporal.
      • Esta autorización tiene un año de duración, prorrogable otro más en determinados casos.

Requisitos para solicitar el arraigo por formación en España

Para obtener la autorización de residencia por arraigo por formación en España, es necesario cumplir con ciertos requisitos, que pueden variar según la comunidad autónoma en la que se presente la solicitud. Sin embargo, algunos requisitos comunes incluyen:

1) Acreditar la permanencia continuada en España durante un mínimo de 2 años. Debe ser en situación irregular. En general, el solicitante debe haber estado en España de manera continuada durante un período mínimo, que suele oscilar entre los 2 y 3 años, dependiendo de la comunidad autónoma. Del mismo modo se debe demostrar el tema de la formación académica en España. Esto puede ser a través de la finalización de estudios en una institución española, como un título universitario o un programa de formación profesional.

2) Carecer de antecedentes penales en su país de origen, en su país inmediatamente anterior de residencia y en España (últimos 5 años).

3) No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, ni tener prohibida la entrada en España.

4) Abonar las tasas correspondientes en el Modelo 790, código 052. Deberá abonarse en un plazo de 10 días hábiles, en el momento de admisión a trámite de la solicitud.
5) Comprometerse a cursar alguna de estas opciones:

○ Formación reglada perteneciente al Sistema de Formación Profesional
○ Formación promovida por los Servicios Públicos de Empleo
○ Másters universitarios oficiales

Una vez se obtiene la autorización de residencia por arraigo por formación, el titular tiene derecho a residir y trabajar en España de manera legal durante el período de validez de la autorización. Normalmente, esta autorización se otorga por un período inicial y luego se puede renovar en función de ciertos criterios, como la continuidad en el empleo o la formación.

Cómo solicitar la residencia por arraigo por formación en España

Hace más de 10 años que se implantó un procedimiento telemático para la tramitación, desde casa y por ordenador, de las solicitudes de extranjería. Este sistema denominado Mercurio entró en funcionamiento en 2012 para gestores administrativos y unos meses después ya estaba disponible para los particulares.

Este servicio permite directamente al ciudadano, o al gestor legitimado en el procedimiento, la presentación electrónica de un montón de trámites relacionados con la nacionalidad y la residencia de los extranjeros en España. Estas solicitudes de extranjería se realizan en Mercurio, un portal web alojado en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las leyes y regulaciones migratorias pueden cambiar con el tiempo, por lo que siempre es recomendable consultar con un abogado de inmigración especializado en derecho de extranjería para obtener información actualizada y asesoramiento sobre el proceso de obtención de la autorización de residencia por arraigo por formación en España. EC Legal se encarga de gestionar todos los trámites para las solicitudes de residencia para extranjeros que quieran vivir en España.

El robo y el hurto son dos conceptos que a menudo se confunden mutuamente o que se usan como sinónimos pero nada más lejos de la realidad. Te explicamos a continuación las diferencias entre estos dos conceptos, así como sus particularidades.

El robo y el hurto en nuestro ordenamiento jurídico

Ambos delitos están regulados en el título XIII del Libro II del Código Penal porque son delitos patrimoniales. Aunque puedan parecer lo mismo, no lo son, y por eso pertenecen a Capítulos distintos de ese título XIII, el hurto al primer capítulo y el
robo al segundo.

Estos delitos se pueden enjuiciar por juicio rápido.

La diferencia entre robo y hurto

La diferencia radica básicamente en que el hurto consiste en apropiarse con ánimo de lucro de cosas muebles ajenas sin que haya ni violencia, ni fuerza, ni intimidación. Por ejemplo: un carterista en el metro.

Por su parte, el robo sí requiere que la apropiación con ánimo de lucro de esa cosa mueble sea con violencia, fuerza o intimidación.

El hurto en el ordenamiento jurídico español

El hurto se regula en los artículos 234, 235 y 236 del Código Penal. El primero de estos artículos dice así:

Artículo 234 del Código Penal

1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. No obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 €, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo.

No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.

Algunas de las características más destacables del hurto son:

Si la cuantía de lo sustraído no supera los 400 euros, será un delito leve de hurto y tendrá una pena de multa de 1 a 3 meses. A excepción de que existan agravantes de las contempladas en el artículos 235 o de que haya sido ejecutoriamente condenado por tres delitos leves de hurto.

Si la cuantía excede de 400 euros la pena de prisión de 6 a 18 meses.

El artículo 235 señala los agravantes de esta figura. Mientras que el artículo 236 contempla la pena de multa para la sustracción de la cosa prestada o hurto posesorio. Algunos de estos agravantes son:

1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones
4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos

El robo en nuestro Código Penal

El robo se regula en los artículos 237 a 242 del Código Penal. Según el artículo 237 hay dos tipos de robo: robo con fuerza y robo con violencia e intimidación.

Artículo 237 Código Penal

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren

Robo con fuerza

Dentro de los distintos tipos de robo es especialmente importante destacar el robo con fuerza, que se regula en los artículos 238 a 241.

El artículo 238 del Código Penal establece un numerus clausus de las circunstancias que dan lugar al robo con fuerza: escalamiento, rompimiento de pared [etc], fractura de armarios, arca [etc], uso de llaves falsas y la inutilización de los sistemas específicos de alarma o guarda.

El artículo 239 explica qué se consideran llaves falsas, mientras que el artículo 240 establece las pena de prisión. Serán de 1 a 3 años para el robo con fuerza y de 2 a 5 años si se han dado las circunstancias del artículo 235 (contempladas para el hurto)

Por su parte el artículo 241 regula las agravantes en caso de que se produzca el hecho en casa habitada o local abierto al público.

Robo con violencia o intimidación

El robo con violencia o intimidación se regula en el artículo 242 del Código Penal.

Artículo 242 del Código Penal:
1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.

3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.

4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores.

EC Legal como experto abogado en Derecho penal se encarga personalmente de asesorar en procedimientos relativos a robos y hurtos para garantizar de manera íntegra los derechos de sus clientes.

Ser detenido es una situación muy delicada, por lo que es fundamental conocer los derechos que amparan al que es privado de libertad, así como saber qué es vital en muchos supuestos la asistencia de un abogado especializado en derecho penal. Es por eso por lo que te explicamos a continuación lo que hay que saber sobre los derechos del detenido.

Derechos del detenido: Lo que debes saber y cómo ejercitarlos

Cuando una persona es detenida por agentes de la autoridad, lo primero que deben hacer es leerle sus derechos. Esta es el primer supuesto que se entra a valorar y analizar por los expertos en derecho penal cuando tienen que asistir a una persona que ha sido detenida.

Ante este escenario tan particular es importante no tardar en ponerse en manos de un asistente legal, que puede ir verificando que el proceso sigue el cauce habitual y que no se menoscaban ninguno de los derechos que asisten a las personas que se encuentran en ese incómodo momento. Nuestro ordenamiento jurídico recoge una serie de derechos tanto en normas o leyes orgánicas como en la norma madre de nuestro sistema que es la constitución. Veamos con detenimiento algunas de sus características.

Los derechos que tiene un detenido

Cuando una persona es detenida, existen una serie de derechos fundamentales que le asisten y que deben de ser vigiladas escrupulosamente. Los derechos del detenido vienen recogidos en el artículo 520.2 de la Ley Enjuiciamiento Criminal que establece los siguientes derechos :

  • Derecho a la integridad física y moral: Todo detenido tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad, sin sufrir maltrato físico o psicológico.
  • Derecho a la información: El detenido tiene derecho a conocer los motivos de su detención y los cargos que se le imputan.
  • Derecho a guardar silencio: El detenido no está obligado a declarar contra sí mismo y tiene derecho a no responder a preguntas que puedan perjudicarlo.
  • Derecho a la asistencia letrada: El detenido tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado desde el momento de su detención.
  • Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
  • Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

En total son 13 apartados los que recoge la ley de enjuiciamiento criminal y que deben contemplarse.

Las garantías constitucionales del detenido

En España, los derechos del detenido están protegidos por la Constitución y otras leyes. La constitución amplía las prerrogativas del detenido en los artículos 17 y el 24. El primero de estos artículos recoge el tiempo máximo de detención y la figura del habeas corpus.

El término habeas corpus se refiere a la protección que tienen los ciudadanos ante cualquier arresto o detención ilegal. Se asegura el legislador de que las autoridades policiales o judiciales solo podrán llevar a cabo una detención en el supuesto de que tengan un motivo legal justificado.

Respecto a los plazos el propio artículo 17 de la Constitución en su apartado 2 establece que:

«La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.»

Otras de las garantías constitucionales más relevantes son:

  • Presunción de inocencia: Todo detenido se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo y con todas las garantías.
  • Derecho a la defensa: El detenido tiene derecho a ser asistido por un abogado de su elección o, en caso de no poder pagarlo, por un abogado de oficio.
  • Derecho a un juicio justo: El detenido tiene derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y a presentar pruebas en su defensa.

Qué ocurre si el detenido es menor

Cuando el detenido es menor de edad, se aplican medidas especiales para garantizar su protección y bienestar. Se puede detener a menores de entre 14 y 18 años. Estos detenidos tienen los mismos derechos que los adultos pero se refuerzan algunas cosas. Así en la toma de declaración deberán estar, además del abogado, sus padres o tutores legales, y además a diferencia de los adultos, la extensión máxima de la detención no es 72 h, sino 24 h. En ese plazo deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Fiscalía de Menores.

Otros aspectos relevantes son:

  • Derecho a la presencia de un representante legal: El menor detenido tiene derecho a la presencia de un representante legal durante todo el proceso.
  • Protección especial: Se deben tener en cuenta las necesidades y la vulnerabilidad del menor, adoptando medidas adecuadas para garantizar su bienestar físico y emocional.

En qué consiste la asistencia del abogado al detenido

La asistencia del abogado al detenido es fundamental para asegurar el respeto de sus derechos y garantizar un proceso legal justo. Algunas funciones importantes del abogado en esta etapa son:

  • Asesoramiento legal: El abogado proporciona al detenido orientación y asesoramiento jurídico sobre sus derechos y las acciones a seguir durante el proceso. El abogado debe solicitar que se informe al detenido de sus derechos y si es necesario que le reconozca un médico. Un buen abogado penal también debe informar al detenido de las consecuencias de no declarar o de negarse a la práctica de las diligencias pertinentes.
  • Presencia durante los interrogatorios: El abogado puede estar presente durante los interrogatorios para garantizar que se respeten los derechos del detenido y asesorarlo sobre las respuestas que debe dar. Esta intervención en las diligencias de declaración y reconocimiento, se contemplan también para los supuestos de reconstrucción de los hechos en las que participe el detenido
  • Entrevistarse reservadamente con el detenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el 527 Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • Defensa en juicio: El abogado representa al detenido en el juicio y se encarga de presentar sus argumentos y pruebas para proteger sus intereses.

Todo detenido debe conocer sus derechos y cómo ejercitarlos de manera adecuada. Si te encuentras en una situación de detención, recuerda que tienes derechos constitucionales y garantías que te amparan. Si algún familiar está detenido o inmerso en una investigación penal no duden en llamar a EC Legal. Como expertos abogados penalistas de Valencia se encargarán de garantizar que se vela por los derechos de la persona en cuestión y le acompañarán durante todo ese proceso tan delicado.

 

La baja laboral por depresión

¿Te encuentras lidiando con la depresión y te preguntas cómo afectará tu situación laboral? En este artículo, responderemos tus preguntas sobre la baja laboral por depresión y te proporcionaremos información valiosa para entender cómo se regula esta situación.

Lo difícil que es enfrentarse a una depresión, especialmente si tiene su origen en el trabajo. Es por eso por lo que te explicamos lo que hay que saber sobre la baja laboral por depresión. Sigue leyendo para conocer tus derechos y los requisitos necesarios para solicitar una baja laboral por depresión.

¿Cuánto dura la baja por depresión?

La duración de la baja laboral por depresión puede variar dependiendo de diversos factores, como la gravedad de la condición y la recomendación médica. En general, la depresión es una enfermedad que requiere tiempo para su recuperación y es importante que el trabajador tenga el tiempo necesario para descansar y recibir el tratamiento adecuado.

La duración exacta de la baja por depresión puede ser determinada por el médico especialista en salud mental o por el médico de cabecera. En muchos casos, se establece un período inicial de baja de varias semanas, pero en situaciones más graves o complicadas, la duración puede ser más prolongada.

El máximo de tiempo de duración de una baja laboral por depresión es de 12 meses, aunque si el médico considera puede extenderla seis meses más. Transcurrido esos plazos, se remite al paciente a un Tribunal Médico para que determine su estado y si procede incapacidad permanente si hay una depresión crónica o invalidante.

¿Cuánto se percibe por una baja laboral por depresión?

Durante la baja laboral por depresión, el trabajador tiene derecho a percibir una prestación económica, la cual está regulada por la Seguridad Social, de la misma manera que las bajas por enfermedad común. El importe exacto de la prestación puede variar según diferentes factores, como el tiempo de cotización y el salario base.

En general, la prestación económica por una baja laboral por depresión corresponde a un porcentaje del salario base. Durante los primeros 180 días de baja, el trabajador puede recibir el 60% de la base reguladora. A partir del día 181, este porcentaje se reduce al 75%.

Es importante tener en cuenta que estos porcentajes son orientativos y pueden variar según la situación y las circunstancias individuales. Para obtener información más precisa y detallada sobre tu caso específico, es recomendable consultar con un abogado laboralista en Valencia.

Lo que no puede hacerse estando de baja por depresión

Durante la baja laboral por depresión, existen ciertas limitaciones y restricciones que deben tenerse en cuenta. Aquí te presentamos algunas cosas que no puedes hacer estando de baja por depresión:

  • Trabajar en otro empleo: Durante la baja laboral, no se puede realizar ninguna actividad laboral remunerada, ni siquiera en otro empleo. Esto se debe a que la baja tiene como objetivo permitir al trabajador recuperarse completamente y no poner en riesgo su salud física y mental. Por eso tampoco pueden presentarse a oposiciones.
  • Realizar actividades incompatibles con la recuperación: Es importante evitar cualquier actividad que pueda empeorar la condición de depresión o interferir con el tratamiento médico. Esto incluye actividades físicas o emocionalmente demandantes que podrían tener un impacto negativo en la recuperación. Se puede viajar y hacer exámenes académicos con aval médico

Requisitos para solicitar una baja laboral por depresión

Para solicitar una baja laboral por depresión, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la legislación laboral. Algunos de estos requisitos pueden incluir:

  • El trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social. En el caso de los autónomos deben estar al día con las cotizaciones sociales. En las contingencias comunes debe haberse cotizado 180 días en 5 años. En las profesionales, no hay requisito de cotización.
  • Diagnóstico médico: Es fundamental contar con un diagnóstico médico que indique que se padece de depresión y que esta afecta la capacidad para desempeñar el trabajo. Este diagnóstico debe ser realizado por un médico especialista en salud mental o por el médico de cabecera.
  • Comunicación al empleador: Es necesario informar al empleador sobre la situación de salud y presentar el certificado médico que respalda la necesidad de la baja laboral por depresión. La comunicación debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la normativa laboral.

Si tienes dudas o necesitas asesoramiento legal específico sobre la baja laboral por depresión en Valencia, te recomendamos consultar con un abogado laboralista en EC Legal. Te brindaremos la información y la asistencia necesarias para proteger tus derechos laborales.

En resumen, la baja laboral por depresión es un derecho que protege a los trabajadores que se encuentran enfrentando esta condición. La duración de la baja y la prestación económica dependen de diferentes factores, y es importante cumplir con los requisitos establecidos para solicitarla. Recuerda que en EC Legal estamos aquí para ayudarte y brindarte el asesoramiento legal que necesitas en materia laboral.

En los supuestos de que unos niños se hayan quedado huérfanos o haya otra serie de circunstancias que lo aconsejen, será necesario nombrar un tutor legal para los menores. Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre la tutela.

Quién es el tutor legal y cuáles son sus obligaciones

La tutela es una figura legal que tiene como objetivo proteger y salvaguardar los derechos e intereses de las personas que no pueden valerse por sí mismas debido a su incapacidad física o mental. La tutela se establece para aquellos individuos que no pueden ejercer sus derechos y tomar decisiones por sí mismos, por lo que se les designa un tutor legal que actúa en su nombre y representa sus intereses.

La regulación de la tutela en el Código Civil español se encuentra principalmente en los artículos 222 a 242.

Los principales aspectos que se regulan sobre la tutela en el Código Civil son los siguientes:

Supuestos de tutela: El Código Civil establece que la tutela se establece para la protección de los menores de edad no emancipados y de las personas con capacidad modificada judicialmente. Estas últimas son aquellas que, por razones de enfermedad o discapacidad, no pueden gobernarse por sí mismas.

Nombramiento del tutor: La designación del tutor corresponde al Juez, quien toma en cuenta el interés del tutelado. En el caso de los menores, se considera el interés del menor; en el caso de las personas con capacidad modificada judicialmente, se tiene en cuenta su bienestar y necesidades. El Juez también puede tener en cuenta las preferencias expresadas por los padres o el propio tutelado si es mayor de edad.

Obligaciones del tutor: El Código Civil establece que el tutor tiene la obligación de representar al tutelado, administrar sus bienes y velar por su cuidado personal. El tutor debe ejercer sus funciones con diligencia, cuidando del bienestar y protección del tutelado.

Control judicial: La tutela está sujeta a un control judicial constante. El Juez supervisa las actuaciones del tutor y puede requerir informes sobre la situación del tutelado y la administración de sus bienes. El tutor debe rendir cuentas periódicamente ante el Juez.

Duración de la tutela: La tutela de los menores se extiende hasta su emancipación o mayoría de edad, a menos que el Juez determine lo contrario. En el caso de las personas con capacidad modificada judicialmente, la tutela puede tener una duración determinada o indefinida, según lo establezca el Juez en función de las circunstancias del caso.

Es importante destacar que, además de la tutela, el Código Civil español también regula otras figuras de protección para personas incapaces, como la curatela (para aquellos que, sin estar incapacitados, requieren asistencia en la toma de decisiones) y la guarda de hecho (cuando una persona asume de manera voluntaria el cuidado y protección de alguien que no puede valerse por sí mismo, sin una designación formal del Juez).

¿Cuándo hay que nombrar un tutor legal?

Cuando existan menores no emancipados en situación de desamparo y menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

¿Quién puede ser tutor legal?

Los progenitores podrán designar en testamento o documento público tutor. Podrán ser tutores las personas físicas que, a juicio de la autoridad judicial, reúnan las condiciones suficientes para el desempeño de la tutela. También pueden ser tutores fundaciones y personas jurídicas sin ánimo de lucro que contemplen estos fines en su actividad.

Sin embargo se preferirá a la persona designada por los progenitores en testamento o documento público o al ascendiente o hermano que decida el juez.

Los artículos 243, 244 y 245 del Código Civil explica quién NO puede ser tutor.

Artículo 243 del Código Civil

No pueden ser tutores:
1. Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial.
2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.
3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena.
4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.

Artículo 244 del Código Civil.

Tampoco pueden ser tutores:
1. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.
2. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado.
3. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.
4. Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o los que le adeudaren sumas de consideración.
5. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.

Artículo 245 del Código Civil.

Tampoco pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el Juez, en resolución motivada, estime otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado.

Las obligaciones del tutor legal

Las principales obligaciones del tutor legal son velar por el tutelado y, según el Código Civil (artículo 269), esto incluye el hecho de procurarle alimentos, educarle… El tutor también está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo. También debe informar anualmente al juez de la situación del menor y rendir cuentas de la administración.

Existen del mismo algunas acciones que requieren autorización judicial y que se regulan en el artículo 271 del Código Civil.

Cuándo se extingue la tutela.

La tutela se extingue por la mayoría de edad del menor, por la emancipación o por la concesión del beneficio de la mayoría de edad al
tutelado. También se extingue la tutela por la adopción del menor, por su muerte o declaración de fallecimiento. Cuando la tutela se hubiese originado por privación de la patria potestad y el titular la recupere.

En EC Legal, como expertos en Derecho Civil, solucionaremos todas tus dudas y cuestiones en relación al ejercicio de la tutela. Así como te ayudamos a desempeñar la figura de tutor legal de acuerdo con la normativa y los límites de la resolución judicial de nombramiento.

En nuestra sociedad cada vez es más común divorciarse o separarse y esto ha obligado a un cambio legislativo y de mentalidad de todos los ciudadanos. Cuando hay menores de por medio siempre prima su interés y se suele fijar una pensión de alimentos para garantizar que se cubren sus necesidades. Es por eso por lo que a continuación os explicamos todo lo que hay que saber en relación con el impago de la pensión de alimentos.

El impago de la pensión de alimentos

En muchas ocasiones, las circunstancias de los padres cambian una vez que se separan o se divorcian y puede llegar a ser muy difícil cumplir con las obligaciones de alimentos. No solo hay que pensar en el cese voluntario del pago de dicha pensión, ya que con los salarios actuales, resulta realmente complicado afrontar el pago de una hipoteca o un alquiler únicamente con una nómina.

¿Qué es la pensión de alimentos?

Es la contribución económica que deben pagar unos parientes determinados a otros en estado de necesidad. Normalmente se refiere a los padres separados o divorciados en favor de sus hijos.

Así es una de las obligaciones tras el divorcio si hay hijos menores, dependientes o incapacitados.

¿Cuál es la diferencia entre la pensión de alimentos y la pensión compensatoria?

Existen varias diferencias entre ambas pensiones vamos a analizarlas:

La pensión compensatoria es una prestación económica que se concede al cónyuge que, después de la separación o el divorcio, se encuentra en una situación de desequilibrio económico en relación con el otro cónyuge. Esta pensión tiene como finalidad compensar la situación de desventaja económica que se produce tras la separación, siempre y cuando el cónyuge que la solicita no haya contraído matrimonio de nuevo.

Mientras que la pensión por alimentos es una prestación económica que se concede al cónyuge o a los hijos menores que quedan bajo la custodia de uno de los cónyuges después de la separación o el divorcio. Esta pensión tiene como finalidad asegurar que el cónyuge o los hijos menores tengan los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la educación, etc.

¿Qué se incluye en la pensión de alimentos?

En la pensión por alimentos se incluyen tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios para el desarrollo y la cobertura de las necesidades básicas del cónyuge y de los hijos menores. Entre los gastos ordinarios podemos enumerar habitación (vivienda), sustento (alimentación), vestuario, colegios (educación)…

Los gastos extraordinarios son aquellos que se detectan en un momento puntual y de acuerdo a una necesidad concreta. Pueden ser:

  • Gastos médicos y de salud como los tratamientos médicos, medicamentos, las intervenciones, terapias o cualquier tipo de hospitalización no cubierta por la Seguridad Social.
  • Gastos de educación, donde se incluyen los libros, el material escolar, las clases particulares, las matrículas e incluso las actividades extraescolares.
  • Gastos de ocio y entretenimiento, dentro de este tipo se incluyen los gastos en actividades deportivas, culturales, recreativas y cualquier otro gasto relacionado con el ocio de los hijos.

Los gastos extraordinarios deben ser acordados previamente por ambos progenitores o por el juez, y en caso de desacuerdo, deberá ser el juez quien decida si estos gastos deben ser cubiertos por la pensión de alimentos o no.

Cómo calcular la pensión de alimentos

La forma de calcular la cuantía va a depender de varios factores como el nº de hijos y sus necesidades, lugar de residencia, patrimonio y capacidad económica de los padres.

El CGPJ tiene una herramienta a disposición pública para hacer el cálculo. Esta calculadora es la que se utiliza judicialmente. Se actualiza en base al IPC de manera anual y puede solicitarse una modificación si cambian las circunstancias.

Qué hacer si no recibo la pensión de alimentos

Hay varias formas:

  • Requerimiento extrajudicial
    Reclamación en vía civil
    Reclamación penal: art. 227 CP si la persona no paga 2 meses consecutivos 4 meses alternos puede acudirse a la vía judicial y lleva aparejado prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses…

Qué hacer si no puedo pagar la pensión de alimentos

  • Iniciar un proceso voluntario de mediación para negociar la reducción de la cuantía.
    Iniciar un proceso de modificación de medidas.
    Lo más importante es solicitar esto cuanto antes por medio de abogado para evitar las consecuencias penales y civiles.

EC Legal, como abogado experto en derecho civil y de familia se encargará en todo momento de gestionar todo lo relacionado con la pensión de alimentos, tanto de llevar a cabo las reclamaciones por impago como acordar las modificaciones necesarias para garantizar su eficacia y mayor beneficio para el cliente.

Hay varios delitos que por su facilidad de tramitación y por la naturaleza y fuerzas de las pruebas se tramitan por un procedimiento de juicio rápido que acorta mucho los plazos. Te explicamos a continuación todo lo que hay que saber sobre el juicio rápido.

El enjuiciamiento rápido de algunos delitos

En el ordenamiento jurídico español se distinguen tres tipos de procedimientos judiciales principalmente como son el procedimiento civil, el procedimiento penal y procedimiento contencioso-administrativo. Repasemos las principales características de cada uno:

  • Procedimiento civil: Se refiere a las controversias entre particulares, empresas o instituciones, y se lleva a cabo ante los juzgados y tribunales civiles. Los principales asuntos que se tratan en los procedimientos civiles son los que tienen que ver con el derecho de familia, el derecho sucesorio, el derecho de obligaciones y contratos y el derecho inmobiliario.
  • Procedimiento penal: El procedimiento penal tiene que ver con los delitos y faltas que cometan las personas, y se lleva a cabo ante los juzgados y tribunales penales. En este tipo de procedimiento se persigue la responsabilidad penal del acusado, y se pueden imponer penas de prisión y multas, principalmente.
  • Procedimiento contencioso-administrativo: Los procesos contenciosos se refieren a las reclamaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública, y se lleva a cabo ante los juzgados y tribunales contencioso-administrativos. Los supuestos habituales son las sanciones administrativas, los recursos, la responsabilidad patrimonial de la Administración…

Existen otros procedimientos especiales que se regulan por leyes especiales, como son el procedimiento laboral, el procedimiento mercantil o los mecanismos de protección de los derechos fundamentales.

Dentro de cada procedimiento se pueden distinguir distintos tipos de juicios según el grado de complejidad, la duración del proceso y la cuantía de la controversia que se está tratando. Los tres tipos de juicios más comunes son:

  • Juicio Ordinario: Este tipo de juicio se utiliza para tratar asuntos complejos o de mayor cuantía económica. En el juicio ordinario se siguen todas las fases procesales, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, y su duración es mayor que en los otros tipos de juicios.
  • Juicio Abreviado: Este tipo de juicio se utiliza para los asuntos menos complejos y de menor cuantía económica. En el juicio abreviado se eliminan algunas fases procesales, permitiendo una tramitación más rápida y sencilla.
  • Juicios Rápidos: Este tipo de juicio se utiliza en el ámbito penal y se refiere a aquellos delitos o faltas que tengan una pena máxima de 5 años de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En estos casos, se trata de un procedimiento más simplificado y rápido, que puede concluir en el mismo día de la celebración del juicio.

Requisitos para tener un juicio rápido

Como hemos dicho anteriormente en España, para que se pueda ir por juicio rápido tiene que haberse cometido un delito con una pena de prisión que no exceda los 5 años u otras penas que no excedan, de forma única o en conjunto o de manera alternativa, de 10 años sea cual sea su cuantía.

Deben reunir los tres requisitos siguientes:

– Se inicie el procedimiento por un atestado policial (Ej: cuando das positivo +0.60 en control de alcoholemia)
– Que la Policía Judicial haya detenido a la persona o la haya puesto a disposición del Juzgado de Guardia, o que lo haya citado, o que, por su parte, prevea que en el plazo de 5 días va a poder detenerlo.
– Además se de una de las condiciones siguientes:

  1. Sea un delito flagrante, ó
  2. La instrucción del delito sea presumiblemente sencilla
  3. Se de uno de los delitos de la lista del art 795.1 .2ª LECrim.

Los delitos que van por el juicio rápido

El artículo 795.1 .2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como delitos que pueden ir por juicio rápido los siguientes:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

No se puede aplicar este procedimiento a delitos conexos que que no estén recogidos en esa lista ni a aquellos procesos sobre los que se haya dictado secreto de sumario. No obstante, según la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2003, hay ciertas infracciones que no se recogen en ese listado que en ciertos casos podrán tramitarse por las diligencias urgentes del juicio rápido como desobediencia, daños o tráfico de drogas que no causen grave daño a la salud o atentado a la autoridad.

El procedimiento del juicio rápido

Este procedimiento se inicia con las diligencias policiales. Primero la policía informará de sus derechos al detenido, solicitará informes del médico forense si necesario, acompañará resultado del test de alcoholemia o de drogas positivos al atestado, citará a la persona denunciada y no detenida, así como a los testigos, a las compañías aseguradoras si fuera necesario y remitirá al Instituto de Toxicología las sustancias aprehendidas si así fuera necesario. Todo ello en plazo de 72 horas.

La siguiente fase son las diligencias urgentes cuando el Juez de Guardia instruye la causa y puede adoptar medidas cautelares o acordar el sobreseimiento. Aquí es posible negociar con el Ministerio Fiscal para que se dicte sentencia de conformidad y ver reducida la
pena.

Por último el juicio oral: Si no sobreseimiento o acuerdo con el fiscal, en plazo no superior a 15 días señalamiento para acudir al Juzgado de lo Penal para celebrar la fase de enjuiciamiento. Tras esto, se dicta sentencia en 3 días. Posibilidad de interponer
recurso de apelación en plazo de 5 días.

En EC Legal disponen de abogados penalistas expertos en estos procedimientos tan rápidos, especialmente en los juicios rápidos por alcoholemia, para garantizar la solución más beneficiosa para el cliente en una situación tan delicada.